Sin esperanza de excarcelación: ratifican condena contra Epa Colombia
La influencer y empresaria deberá cumplir con los cinco años dictados en su contra en privación de libertad
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra la influenciadora Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, por su participación en actos vandálicos ocurridos en 2019. La decisión judicial ratifica una pena de cinco años y dos meses de prisión, acompañada de una multa cercana a los 492 salarios mínimos legales mensuales y la inhabilidad para ejercer como funcionaria pública o figura de influencia durante ese mismo periodo.
El caso, que ha tenido amplia visibilidad desde su origen, se sustenta en pruebas que confirmaron la participación directa de Barrera en la destrucción de parte de la estación Molinos de TransMilenio y en ataques contra la URI de Tunjuelito. Las agresiones fueron grabadas y difundidas en redes sociales por la misma condenada, lo que llevó a los jueces a considerar que sus publicaciones no solo incitaban a la violencia, sino que también podían “inducir temor y desorden”, sin que fuera necesario demostrar que sus seguidores hubieran cometido delitos concretos.
La Corte concluyó que estos actos encajaban dentro del delito de instigación a delinquir con fines terroristas, al considerar que “la difusión masiva de contenidos violentos y destructivos a través de redes sociales tenía la potencialidad de incitar a terceros a replicar conductas delictivas”. Barrera se encuentra actualmente privada de la libertad en la Cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, mientras se resuelven otros recursos presentados por su defensa.
Un componente reparador
En paralelo a la condena penal, el proceso ha tenido un componente reparador. La empresa Productos EPA, a nombre de Barrera Rojas, ha consignado montos significativos como parte de las indemnizaciones exigidas. Entre ellas, un pago de $50 millones a una aseguradora y otro de $7 millones a Recaudos Bogotá, además de los acercamientos con TransMilenio para cubrir una deuda pendiente de $360 millones. Estos pagos buscan cubrir daños materiales, lucro cesante y deducibles no amparados por pólizas.
En medio del proceso, la defensa de la influenciadora analiza un camino alternativo: la justicia restaurativa. Esta figura legal, contemplada en el artículo 518 de la Ley 906 de 2004, plantea un enfoque distinto en la resolución de conflictos penales, basado en la participación activa de la víctima y el condenado. El abogado Rogelio Roldán, experto en la materia, señaló que este tipo de justicia se enfoca en “la reparación, la restitución y el servicio a la comunidad”, como parte de un acuerdo que permita reintegrar a ambas partes a la sociedad.
La posibilidad de que Barrera acceda a este tipo de mecanismo no ha sido descartada, aunque su aplicación está sujeta a evaluación judicial y a la voluntad de las víctimas de participar en un proceso conjunto. Mientras tanto, su situación jurídica sigue siendo objeto de atención mediática y debate legal.
