Colombia denuncia irregularidades en deportación masiva de connacionales desde Ecuador
La Cancillería intervino para salvaguardar los derechos de los nacionales
El Gobierno colombiano expresó su preocupación frente al proceso de deportación masiva de más de 600 ciudadanos nacionales ejecutado por Ecuador en los últimos días, sin haber acordado previamente un protocolo de traslado digno y legalmente verificado. La situación, considerada por la Cancillería como una vulneración al derecho internacional, ha derivado en un operativo de atención humanitaria en la frontera de Rumichaca.
Cerca de 450 personas ya cruzaron al territorio colombiano, mientras que otras permanecen retenidas en el paso fronterizo, a la espera de completar su ingreso. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta el momento solo se cuenta con antecedentes judiciales de 348 de los deportados, lo que evidencia la falta de claridad legal con la que se llevó a cabo el procedimiento.
Rosa Yolanda Villavicencio, canciller encargada, encabeza el dispositivo oficial que se desarrolla en el departamento de Nariño. En el sitio, organismos del Estado junto con autoridades territoriales y entidades de derechos humanos están desplegando medidas de atención para quienes han sido expulsados sin explicaciones claras ni procedimientos individualizados.
Bogotá había solicitado, antes del inicio de las deportaciones, establecer un mecanismo conjunto que permitiera verificar la identidad de los ciudadanos afectados y su situación jurídica en Ecuador. No obstante, las autoridades ecuatorianas dieron luz verde a la expulsión de los colombianos de forma unilateral, lo que fue calificado como un “gesto inamistoso” por parte del Ejecutivo colombiano.
“El Gobierno del Ecuador ha dado inicio al proceso de deportación… desatendiendo las respetuosas y reiteradas solicitudes del Gobierno de Colombia en el sentido de generar un protocolo que permitiera el traslado de estas personas en condiciones dignas, con respeto de sus derechos, y en un proceso seguro y ordenado”, indicó la Cancillería a través de un comunicado oficial.
En el terreno, la ausencia de un acuerdo previo entre los dos países obligó a improvisar puntos de recepción y asistencia en el puente internacional, donde se ha brindado acompañamiento legal, apoyo psicosocial y orientación humanitaria a los ciudadanos retornados. Muchos de ellos, según relataron, desconocen los motivos que justificaron su salida obligada del país vecino.
Fuentes en Ecuador han justificado la decisión como parte de un plan para mejorar el control migratorio y aliviar la presión sobre el sistema penitenciario, aunque no han ofrecido detalles sobre los criterios aplicados ni sobre si hubo revisión caso por caso.
Mientras las autoridades colombianas evalúan nuevas medidas diplomáticas y legales, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han insistido en la necesidad de activar con urgencia mecanismos binacionales que garanticen transparencia, legalidad y respeto a los derechos fundamentales en cualquier proceso de repatriación o deportación.
Hasta ahora, no se ha anunciado una reunión bilateral de alto nivel, aunque los canales diplomáticos permanecen activos. La Cancillería colombiana ha reiterado su llamado al diálogo para evitar que se repitan decisiones unilaterales que puedan derivar en nuevas crisis humanitarias en la frontera común.
