Carlos Caicedo fue condenado por contrato irregular durante su administración en Santa Marta
El exmandatario distrital recibió una sentencia de primera instancia por hechos relacionados con la contratación de obras de adecuación en centros de salud. La decisión judicial aún puede ser revisada en segunda instancia.
Un juez penal de Bogotá emitió una condena contra Carlos Caicedo Omar, exalcalde de Santa Marta y excandidato a la Presidencia de Colombia, dentro de un proceso relacionado con actuaciones administrativas realizadas durante su paso por la Alcaldía de la capital del Magdalena.
El fallo, emitido por el Juzgado 9 Penal de Conocimiento de Bogotá, establece una pena de 117 meses de prisión al encontrarlo responsable de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
La investigación está relacionada con un contrato firmado en 2014 para intervenir varios centros de salud de Santa Marta. El negocio jurídico, identificado como PS-04, contemplaba trabajos de mantenimiento y adecuación en las unidades asistenciales Bastidas, La Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz.
El contrato fue celebrado entre la administración distrital, la Empresa Social del Estado Alejandro Próspero Reverend y Mediredes SAS, con una inversión superior a los $6.500 millones y un plazo de ejecución establecido en 10 meses.
Fallas en la planeación contractual
Durante el proceso, la Fiscalía señaló presuntas fallas en la planeación contractual, especialmente por la falta de estudios previos que debían respaldar la contratación. Para el juez, estas actuaciones representaron un incumplimiento de las normas que regulan la administración pública.
La defensa del exalcalde podrá controvertir la decisión ante una segunda instancia, por lo que la sentencia no implica todavía el inicio del cumplimiento de la pena impuesta.
Caicedo, quien ha tenido una amplia trayectoria política en el Caribe colombiano y fue candidato presidencial en las últimas elecciones, enfrenta este proceso por hechos ocurridos durante su administración en Santa Marta, más de una década atrás.
La decisión judicial se conoce mientras el dirigente político mantiene la posibilidad de acudir a los recursos legales establecidos para buscar una modificación del fallo.
