AstraZeneca admitió que su vacuna contra el COVID-19 puede causar efectos secundarios graves
Entre los demandantes se encuentra Jamie Scott, quien sufrió una lesión cerebral permanente después de recibir la vacuna
La multinacional farmacéutica AstraZeneca ha admitido por primera vez en documentos judiciales que su vacuna contra el COVID-19 “puede causar efectos secundarios poco comunes”. Esta revelación se produce en el marco de una demanda colectiva que alega que la vacuna, desarrollada en colaboración con la Universidad de Oxford, ha causado muertes y lesiones graves en numerosos casos.
Los funcionarios de salud identificaron por primera vez casos de Trombosis con Trombocitopenia Síndrome (VITT, por sus siglas en inglés) relacionados con la vacuna de AstraZeneca en Europa en marzo de 2021. Estos casos, que involucran la formación de coágulos sanguíneos y un recuento bajo de plaquetas en sangre, llevaron a una investigación más profunda sobre los efectos secundarios de la vacuna.
Las plaquetas son responsables de la coagulación de la sangre, por lo que esta condición puede tener consecuencias graves en la salud de los individuos.
En España, más de 50 demandas han sido presentadas en contra de AstraZeneca por los efectos secundarios de su vacuna. Estas demandas alegan que la vacuna ha causado muertes y lesiones graves en los individuos vacunados. Entre los demandantes se encuentra Jamie Scott, un ingeniero informático que sufrió una lesión cerebral permanente después de recibir la vacuna en abril de 2021.
AstraZeneca ha impugnado estas afirmaciones y ha negado rotundamente que su vacuna sea defectuosa o insegura. Sin embargo, en un documento legal presentado ante el Tribunal Superior, la compañía reconoció que la vacuna puede causar el síndrome de trombosis con trombocitopenia en casos muy raros.
La demanda colectiva presentada contra AstraZeneca busca compensación por los daños y perjuicios causados por la vacuna. Los abogados estiman que el valor total de la compensación podría llegar a los 20 millones de libras esterlinas. La demanda se basa en la Ley de Protección al Consumidor de 1987, argumentando que la vacuna no era tan segura como los consumidores tenían derecho a esperar.
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