Informe internacional señala a altos mandos venezolanos como aliados clave del ELN en la frontera colombo-venezolana
El Gobierno venezolano no se ha pronunciado públicamente al respecto
Un informe de inteligencia proveniente de Medio Oriente y compartido con autoridades colombianas advierte sobre la consolidación de una red transnacional que estaría facilitando operaciones armadas y narcotráfico del ELN desde territorio venezolano. El documento, citado por la revista Semana, involucra directamente a altos mandos militares del gobierno de Nicolás Maduro, al cartel de los Soles y a la organización Hezbolá.
De acuerdo con el informe, zonas como Apure, Zulia y Táchira en Venezuela se han convertido en plataformas operativas del ELN, que utiliza estos corredores fronterizos como áreas de entrenamiento, refugio logístico y punto de partida para incursiones en Colombia, especialmente en Arauca y Norte de Santander.
La información sugiere que los nuevos reclutas del ELN estarían siendo llevados a campamentos dentro de Venezuela, donde reciben formación táctica antes de ser enviados a operar en territorio colombiano. Entre las tácticas denunciadas están el uso de explosivos, francotiradores y el reclutamiento de menores, prácticas facilitadas por la falta de control estatal y la presunta protección oficial.
El informe identifica a varios generales venezolanos como facilitadores de estas acciones, incluyendo a Javier Marcano Tábata, jefe de contrainteligencia militar desde octubre de 2024, y a los mayores generales Wilfredo Medrano Machado (Apure), José Gregorio Martínez Campos (Táchira) y Henry David Rodríguez Martínez (Zulia), quienes tendrían control directo sobre las zonas utilizadas por la guerrilla. También se menciona a oficiales de la Guardia Nacional que habrían autorizado el transporte de armas y explosivos.
Un problema complejo
La denuncia incluye una dimensión internacional aún más compleja: los flujos de droga que parten desde Colombia hacia Venezuela estarían siendo redirigidos por redes vinculadas a Hezbolá hacia África y Medio Oriente, usando puertos oficiales venezolanos. Parte de los ingresos generados por esta operación financiarían actividades armadas en países como Siria, Irán y Líbano.
Además del narcotráfico, se señala la minería ilegal y el intercambio de inteligencia como otros pilares de esta red. El Arco Minero del Orinoco aparece en el documento como punto estratégico, con participación activa de actores militares venezolanos y protección al ELN como parte del acuerdo.
Aunque el informe aún no ha sido publicado de forma oficial, su contenido ha generado preocupación en sectores diplomáticos y de seguridad regional. Los investigadores advierten que lo que ocurre en la frontera no puede seguir tratándose como un fenómeno interno colombiano: la participación de actores internacionales eleva el conflicto a una escala geopolítica.
Entre las recomendaciones incluidas están la imposición de sanciones específicas a los oficiales involucrados, la intensificación de cooperación en inteligencia con países como Brasil, Israel, Estados Unidos y miembros de la Unión Europea, y el fortalecimiento de la presencia estatal en regiones críticas como Arauca y Catatumbo.
Mientras tanto, en el terreno, la Fuerza Pública colombiana enfrenta limitaciones operativas evidentes, ya que no puede actuar al otro lado de la frontera, lo que deja a grupos armados como el ELN en ventaja estratégica.
La situación sigue en desarrollo y se espera que el informe active nuevas alertas en la comunidad internacional en las próximas semanas.
