La SIC lo confirma: agregarlo a un grupo de WhatsApp sin su permiso, es ilegal
Con estas disposiciones, la Superintendencia busca elevar los estándares de transparencia y proteger la privacidad de los votantes frente a prácticas invasivas que pueden distorsionar la deliberación democrática en un año electoral de alto impacto para el país.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) encendió las alertas ante el uso indiscriminado de información personal en actividades proselitistas y publicó un borrador de circular que fija nuevas exigencias para campañas, partidos y consultores políticos que manejen datos de la ciudadanía durante la contienda electoral de 2026.
El documento, abierto a comentarios, detalla una serie de obligaciones dirigidas a frenar prácticas que se han extendido en los últimos años: el uso de números telefónicos, correos o perfiles digitales sin autorización, la incorporación de ciudadanos a grupos de mensajería sin consentimiento y la recolección de datos mediante finalidades engañosas. La entidad es enfática en que todo tratamiento debe ajustarse a la Ley 1581 de 2012 y que la autorización del titular debe ser libre, previa, expresa e informada.
Entre las advertencias más contundentes, la SIC señala que “no está permitido agregar a una persona a grupos de mensajería instantánea (como WhatsApp o servicios similares), a listas de distribución, boletines electrónicos o bases de datos de envío masivo (…) sin verificar previamente la existencia y validez de la autorización”. La instrucción aplicará tanto para candidatos como para terceros que ejecuten campañas digitales o de contacto ciudadano.
Política de Tratamiento de Datos Personales
El borrador también recuerda que los formularios, sitios web, códigos QR, encuestas y cualquier canal para recaudar información deben incluir de manera visible la Política de Tratamiento de Datos Personales, los avisos de privacidad y los mecanismos mediante los cuales el ciudadano otorga o niega su autorización. Además, advierte que no es legítimo pedir datos usando promesas inexistentes, trámites falsos o beneficios que no corresponden a una finalidad real.
Otro de los puntos sensibles se centra en la prohibición de construir perfiles basados en la orientación política del ciudadano. Según la circular, esa información corresponde a datos sensibles cuyo tratamiento está prohibido, salvo excepciones legales muy específicas. La entidad advierte que el perfilamiento de votantes mediante inferencias o análisis algorítmicos puede abrir la puerta a discriminación, manipulación y segmentación opaca durante una campaña.
En ese mismo sentido, la SIC introduce una advertencia inédita sobre contenidos sintéticos creados con inteligencia artificial. La circular precisa que los sujetos vigilados deben abstenerse de generar o difundir deepfakes, definidos como representaciones audiovisuales que simulan hechos o declaraciones inexistentes. Según el documento, “la creación o el uso de deepfakes que suplanten o atribuyan falsamente identidad, actos o manifestaciones a una persona puede constituir el delito de falsedad personal agravado”.
El uso de plataformas digitales también queda sujeto a obligaciones claras. Cuando un partido o campaña cargue bases de datos propias para segmentar o contactar ciudadanos, deberá demostrar la existencia de la autorización para ese uso dentro de cada sistema. Además, tendrán que conservar un registro documental con los criterios aplicados para segmentar la publicidad política, las categorías de datos empleadas, su origen y si hubo participación de herramientas de inteligencia artificial.
La circular contempla una excepción limitada: partidos y movimientos podrán enviar comunicaciones informativas únicamente a sus miembros o a quienes mantengan contacto directo por razones políticas. Esos datos no podrán ser trasladados a terceros sin autorización expresa del titular.
Con estas disposiciones, la Superintendencia busca elevar los estándares de transparencia y proteger la privacidad de los votantes frente a prácticas invasivas que pueden distorsionar la deliberación democrática en un año electoral de alto impacto para el país.
