Pacto Histórico rompe el silencio por polémica en caso Uribe
Ante los cuestionamientos, los representantes del Pacto Histórico que hacen parte de la Comisión salieron públicamente a negar cualquier acuerdo político que pueda favorecer al exmandatario o afectar el avance de las investigaciones.
La investigación que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a quedar en medio de una fuerte controversia política, esta vez por la actuación de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara y las versiones que apuntan a un supuesto acercamiento entre congresistas del Pacto Histórico y sectores afines al uribismo.
El cruce se originó por la disputa sobre quién debe continuar con el expediente relacionado con las masacres de La Granja y El Aro, ocurridas en Antioquia durante los años en que Uribe ocupaba la Gobernación del departamento. Mientras la Comisión de Acusación plantea que el caso debería ser llevado por el Congreso, la Fiscalía mantiene su actuación y la Corte Constitucional deberá resolver el conflicto de competencias.
Ante los cuestionamientos, los representantes del Pacto Histórico que hacen parte de la Comisión salieron públicamente a negar cualquier acuerdo político que pueda favorecer al exmandatario o afectar el avance de las investigaciones.
“No existe ni existirá acuerdo político alguno que comprometa la justicia, la verdad o los derechos de las víctimas. No promoveremos impunidad ni dilaciones y jamás estaremos del lado de los victimarios”, afirmó la bancada.
La colectividad explicó que su participación en la discusión estuvo inicialmente relacionada con la necesidad de establecer cuál es la autoridad competente para continuar con el expediente. Sin embargo, ante la controversia generada, manifestó su respaldo a que las diligencias de la Fiscalía sigan adelante mientras la Corte Constitucional toma una decisión.
“Ante la controversia pública generada y los señalamientos que han pretendido presentar esta actuación como una forma de complicidad o favorecimiento a la impunidad, queremos despejar cualquier duda: respaldamos que la Fiscalía continúe con la investigación mientras la Corte Constitucional dirime, conforme a los mecanismos establecidos, la controversia sobre la competencia”.
La disputa tiene como telón de fondo los hechos ocurridos en La Granja, en 1996, y El Aro, en 1997. Las incursiones de grupos paramilitares dejaron víctimas, desplazamientos y daños en estas zonas rurales de Ituango. Años después, en 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en hechos relacionados con ambas masacres.
La Fiscalía investiga si durante esos episodios existieron posibles omisiones de las autoridades departamentales en la protección de la población civil. La discusión cobra relevancia debido a que Uribe era gobernador de Antioquia cuando ocurrieron los ataques.
Por ahora, la fiscal Marcela Abadía continúa con las diligencias previstas. Entre ellas figura la indagatoria presencial del expresidente, programada para el 4 de septiembre de 2026 en el búnker de la Fiscalía.
El escenario podría cambiar dependiendo de la decisión de la Corte Constitucional. Si el alto tribunal determina que el Congreso tiene la competencia, el expediente deberá ser remitido a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. Si mantiene la competencia en la Fiscalía, Abadía seguirá al frente del caso y deberá avanzar hacia las decisiones que correspondan.
Así, el expediente permanece atrapado entre una disputa institucional y una creciente confrontación política, mientras el Pacto Histórico intenta dejar claro que su posición dentro de la Comisión no representa un pacto con el uribismo ni una intención de frenar las investigaciones.
