Aspersión con glifosato regresa a Colombia con controles de la Corte
La nueva disposición establece que las operaciones deberán contar con mecanismos independientes para identificar y controlar los posibles riesgos derivados de la utilización del herbicida. La entidad encargada de realizar esta vigilancia no podrá ser la misma que ejecute las labores de aspersión.
El Gobierno Nacional abrió nuevamente la puerta a la erradicación aérea de cultivos ilícitos con glifosato, una estrategia que permanecía suspendida y que ahora podrá retomarse bajo un conjunto de condiciones relacionadas con la protección ambiental, la salud y los derechos de las comunidades.
La nueva disposición establece que las operaciones deberán contar con mecanismos independientes para identificar y controlar los posibles riesgos derivados de la utilización del herbicida. La entidad encargada de realizar esta vigilancia no podrá ser la misma que ejecute las labores de aspersión.
El regreso de esta herramienta de erradicación también estará condicionado al cumplimiento de las reglas establecidas por la Corte Constitucional. Entre ellas se encuentra la obligación de evaluar, caso por caso, si una determinada zona de intervención puede generar una afectación directa sobre comunidades étnicas.
Cuando exista esa posibilidad, deberá adelantarse el proceso de consulta previa correspondiente. La evaluación tendrá que realizarse de manera individual en cada polígono donde se proyecten las operaciones y contará con la verificación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
La nueva resolución incorpora además referencias a estudios y decisiones adoptadas por organismos internacionales frente al glifosato. El documento cita a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que en 2023 no encontró áreas críticas de preocupación para la salud humana dentro de su evaluación.
También se menciona la decisión de la Comisión Europea de extender la autorización de la sustancia hasta diciembre de 2033. A esto se suma la posición de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), que considera que el glifosato no es probable que sea carcinogénico para los seres humanos.
El antecedente que llevó a la suspensión de la aspersión aérea se encuentra en la Resolución 6 de 2015. Aquella medida había detenido el uso del herbicida en este tipo de operaciones y establecía como condición la revocatoria o suspensión del Plan de Manejo Ambiental por parte de la ANLA.
Ahora, con la nueva resolución, el Ejecutivo dispone las bases para reactivar el programa, aunque su implementación deberá desarrollarse dentro de los controles definidos por la Corte Constitucional y las autoridades ambientales.
La decisión vuelve a colocar la aspersión aérea con glifosato en el centro de la estrategia estatal contra los cultivos ilícitos, pero esta vez con exigencias específicas de seguimiento de riesgos, control independiente y protección de las comunidades que puedan estar ubicadas en las zonas de intervención.
