Luis Fernando Velasco queda bajo detención domiciliaria por decisión judicial
El exministro fue recapturado tras presentarse ante las autoridades. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó que permanezca privado de la libertad en su residencia mientras avanza el proceso por el caso de la UNGRD.
El proceso judicial contra el exministro Luis Fernando Velasco tuvo un nuevo episodio luego de que el Tribunal Superior de Bogotá resolviera imponerle una medida de aseguramiento en su lugar de residencia.
Velasco se presentó ante las autoridades y, posteriormente, el tribunal legalizó su recaptura y estableció que la medida deberá cumplirse bajo detención domiciliaria.
La decisión está relacionada con la investigación por las presuntas irregularidades en contratos que involucran a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y al Instituto Nacional de Vías (Invías).
Dentro del proceso, la Fiscalía atribuye al exfuncionario los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, este último en concurso homogéneo y sucesivo.
El tribunal determinó que la detención deberá cumplirse en una vivienda ubicada en el condominio Bosque de La Viga, en Pance, Valle del Cauca.
Restricciones durante el proceso
La medida judicial incluye además una prohibición para que Velasco se comunique con otros investigados o personas públicamente vinculadas con los hechos que son objeto de investigación. Esta restricción deberá aplicarse siempre que no limite su derecho a ejercer la defensa.
El tribunal también ordenó librar la correspondiente orden de captura para hacer efectiva la medida y dispuso que, una vez materializada, el INPEC se encargue de formalizar la detención en el domicilio establecido.
La decisión, sin embargo, no quedó en firme. Tanto la defensa del exministro como el representante del Ministerio Público presentaron recursos de reposición y apelación.
De esta manera, Velasco continuará vinculado al proceso mientras las autoridades judiciales resuelven los recursos y avanzan las investigaciones relacionadas con el entramado de presunta corrupción en la contratación pública.
