Fiscalía llevará a audiencia a cuatro vinculados a Nueva EPS por caso de menor que falleció tras padecer hemofilia
La diligencia está programada para el 24 de agosto y hace parte de la investigación por el caso de Kevin Acosta, de 7 años. La Procuraduría estableció que la falta de medicamentos habría incidido en el deterioro de su estado de salud.
El caso de Kevin Acosta, un niño de 7 años que padecía hemofilia y cuyo historial médico terminó circulando fuera de los canales autorizados, tendrá un nuevo capítulo judicial el próximo 24 de agosto. Para esa fecha está prevista una audiencia de imputación de cargos contra cuatro personas que estuvieron vinculadas a la Nueva EPS.
Entre los citados se encuentra Luis Óscar Galves Mateus, quien ejercía como interventor de la entidad. También fueron llamados Nelson Ramírez Plaza, entonces auditor de concurrencia y gerente regional, además de Jessika Paola Triana Sagastuy y Diana Marcela Caballero Arias, funcionarias de la EPS.
La actuación de la Fiscalía busca establecer si las decisiones adoptadas durante la atención del menor estuvieron relacionadas con su fallecimiento y si existieron conductas que puedan configurar el delito de homicidio culposo.
Uno de los elementos que ha adquirido relevancia dentro del expediente es el manejo de la historia clínica. La defensa de la familia sostiene que el documento habría sido alterado y que esa modificación pudo incidir en la versión sobre las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.
“La Fiscalía está demostrando que hubo una alteración en la historia clínica con la que se pretendía dar un diagnóstico equivocado acerca de la muerte del menor”, afirmó Manuel Villanueva, abogado de los familiares de Kevin Acosta.
A esto se suma una conclusión de la Procuraduría según la cual la escasez de medicamentos habría contribuido a acelerar el sangrado que terminó afectando al menor. Este elemento hace parte de las circunstancias que están siendo analizadas para determinar si hubo fallas en la atención y quiénes podrían responder por ellas.
Solicitud para investigar a Gustavo Petro
El expediente también ha alcanzado al expresidente Gustavo Petro. El abogado de las víctimas pidió que se examine la eventual responsabilidad del exmandatario, argumentando que podría haber tenido una posición de garante frente a las decisiones relacionadas con la intervención de la Nueva EPS.
“El presidente Petro puede estar incurso en el delito de homicidio culposo en calidad de garante”, afirmó Villanueva.
La hipótesis deberá ser evaluada por las autoridades competentes, que tendrán que establecer si las funciones ejercidas por el entonces mandatario permiten atribuirle algún tipo de responsabilidad penal y, de ser así, si existió una relación entre eventuales omisiones y el desenlace del menor.
La compulsa de copias será remitida a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, instancia encargada de determinar si existen fundamentos para iniciar una actuación contra el exmandatario.
El penalista Francisco Bernate también se refirió a la responsabilidad que podría derivarse de la designación de un interventor en una entidad encargada de prestar servicios de salud. “Designar un agente interventor en una entidad como la Nueva EPS debe hacerse con todo el cuidado porque se trata de salvaguardar la salud de la mayoría de los colombianos”.
Mientras avanzan las actuaciones, la Fiscalía deberá establecer de manera individual el papel que habría desempeñado cada uno de los funcionarios citados y determinar si existen elementos suficientes para llevar las acusaciones a una etapa posterior del proceso penal.
El caso además contempla la investigación por la divulgación de información médica del menor, por lo que las autoridades continúan revisando quién tuvo acceso a su historia clínica y bajo qué circunstancias terminó siendo difundida.
