Donaciones médicas para damnificados del terremoto tendrían vía rápida de ingreso a Colombia
Una propuesta del Ministerio de Salud plantea un mecanismo excepcional para acelerar la entrada de medicamentos, equipos y otros insumos provenientes del extranjero. El Invima tendría un máximo de 24 horas para pronunciarse sobre las solicitudes y podría aplicar controles posteriores dependiendo del riesgo sanitario.
Las ayudas médicas que lleguen desde otros países para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto podrían ingresar a Colombia mediante un procedimiento especial. El Ministerio de Salud estudia un decreto que modificaría temporalmente las reglas aplicadas a las donaciones sanitarias internacionales durante la emergencia.
La propuesta parte de una situación concreta: los procedimientos habituales para este tipo de mercancías contemplan diferentes requisitos administrativos y sanitarios que pueden extender los tiempos de autorización. Por ello, el Gobierno plantea establecer una ruta extraordinaria mientras permanezca vigente la atención de la emergencia.
Bajo el nuevo esquema, el Invima deberá evaluar las solicitudes y emitir una decisión en un plazo de hasta 24 horas, contado desde el momento en que disponga de la información completa. La entidad podrá autorizar la totalidad de una donación, permitir solo algunos de sus productos o negar el ingreso cuando no se cumplan las condiciones establecidas.
El cambio también modificaría algunos requisitos documentales. Las autoridades podrían recibir documentos emitidos en el extranjero sin apostilla ni legalización y, cuando la urgencia de la situación lo amerite, aceptar inicialmente información en inglés.
La propuesta contempla además un sistema de evaluación basado en el riesgo. Esto significa que no todos los cargamentos tendrían que pasar necesariamente por el mismo nivel de revisión antes de ingresar al territorio nacional. En determinados casos, el análisis de los documentos podría ser suficiente para autorizar el ingreso y la inspección física podría realizarse posteriormente.
El control sanitario seguirá vigente
La reducción de trámites no significaría que las donaciones queden exentas de vigilancia. El Invima mantendría sus facultades para verificar las condiciones de los productos y actuar ante cualquier señal de riesgo.
Entre las medidas que podría adoptar están la toma de muestras, la realización de pruebas, la inmovilización de mercancías, su permanencia en cuarentena y el rechazo o destrucción de productos que representen un peligro.
El proyecto también establece que las ayudas deberán guardar relación directa con las necesidades que hayan sido determinadas para responder a la emergencia. El Ministerio de Salud sería el encargado de definir qué medicamentos, dispositivos médicos, reactivos, equipos biomédicos y otros productos son requeridos.
La intención es evitar que el mecanismo extraordinario termine facilitando la llegada de elementos que no sean útiles para la atención de las personas afectadas o que, por sus características, puedan generar dificultades adicionales para su almacenamiento, distribución o utilización.
Asimismo, los bienes deberán ser donados de manera gratuita y conservar condiciones adecuadas de calidad, seguridad y trazabilidad. Tampoco podrán ingresar productos vencidos, adulterados, falsificados, deteriorados o que hayan sido retirados del mercado por razones sanitarias.
En los productos con fecha de vencimiento se exigirá, como regla general, una vida útil mínima de tres meses al momento de su llegada a Colombia. No obstante, el Invima tendría la posibilidad de admitir un plazo menor cuando exista una necesidad urgente y se pueda garantizar que los elementos serán utilizados antes de perder su vigencia.
Una barrera contra el mercado ilegal
El proyecto incorpora una medida para diferenciar las ayudas humanitarias de los productos destinados a actividades comerciales. Las mercancías autorizadas deberán llevar la inscripción “DONACIÓN — PROHIBIDA SU VENTA”.
Con esta identificación, el Gobierno busca mantener control sobre el destino de los productos y evitar que medicamentos, dispositivos o insumos recibidos gratuitamente sean posteriormente vendidos, intercambiados o utilizados para obtener beneficios económicos.
La propuesta todavía corresponde a un proyecto de decreto. De ser adoptada, establecería un régimen temporal y excepcional para facilitar la recepción de cooperación sanitaria internacional durante la emergencia, combinando una reducción de los tiempos administrativos con mecanismos de vigilancia sobre la calidad, seguridad y destino de las ayudas.
