Denuncian presiones de grupos armados para influir en la participación electoral en zonas rurales de Nariño
Esto se está presentando a pesar de que según el MinDefensa, en el país hay plena garantía para ejercer el derecho al sufragio en libertad
A pocos días de la jornada electoral en Colombia, líderes comunitarios y habitantes del departamento de Nariño alertaron sobre presuntas acciones de intimidación que estarían siendo ejercidas por las disidencias de las Farc contra poblaciones campesinas de la región.
Las denuncias provienen de municipios ubicados en la subregión de La Cordillera, donde, según los testimonios conocidos, integrantes del frente Franco Benavides estarían imponiendo medidas destinadas a obligar a los ciudadanos a asistir a los puestos de votación.
De acuerdo con la información divulgada, quienes decidan no participar en los comicios podrían enfrentar sanciones económicas e incluso limitaciones para movilizarse dentro de sus territorios.
La situación ha encendido las alarmas entre organizaciones sociales, que advierten una posible vulneración de las garantías democráticas y del derecho de los ciudadanos a elegir libremente si participan o no en el proceso electoral.
A estas denuncias se suman hallazgos contenidos en documentos que habrían sido incautados a las estructuras armadas ilegales, los cuales revelarían una estrategia atribuida a alias ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ para consolidar su presencia y capacidad de control en distintas regiones del país antes y después de las elecciones presidenciales.
Entre las medidas que, presuntamente, estarían implementando se encuentran la elaboración de censos poblacionales, la carnetización obligatoria de habitantes, la imposición de reglas de convivencia y restricciones relacionadas con la movilidad de las comunidades.
Asimismo, se conoció que algunas poblaciones habrían recibido la orden de suspender temporalmente sus actividades laborales con el propósito de evitar que las obligaciones de trabajo sean utilizadas como motivo para no acudir a las urnas.
Ante este panorama, líderes sociales hicieron un llamado a las autoridades nacionales y a los organismos electorales para reforzar las medidas de protección y garantizar que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos políticos sin amenazas, presiones ni interferencias de actores armados ilegales.
