“Voy a presentar mil más”: Corte frena avalancha de tutelas de excandidato presidencial

Más de 600 tutelas, decenas de despachos ocupados y una advertencia directa de la Corte Suprema marcaron el caso de un excandidato presidencial que convirtió los estrados judiciales en su principal escenario de batalla.

La Sala de Decisión de Tutelas número 2 decidió ponerle freno a la cadena de solicitudes que el hombre venía presentando contra la Unidad Nacional de Protección, entidad a la que señala de no reforzar su esquema de seguridad pese a las amenazas que dice recibir tras abandonar la contienda electoral.

Según la Corte, el ciudadano ha radicado cientos de acciones prácticamente idénticas en distintas ciudades del país. Solo contra la UNP aparecen 368 tutelas, muchas con los mismos hechos, las mismas exigencias y dirigidas contra las mismas autoridades.

No hay evidencia de peligros, dice la UNP

El expediente que detonó la decisión correspondía, incluso, a una nueva insistencia sobre un asunto que ya había sido resuelto anteriormente. Mientras tanto, la UNP sostuvo que no hay evidencia de un peligro inminente y reveló que el solicitante ni siquiera ha asistido a algunas de las evaluaciones de riesgo necesarias para estudiar el aumento de protección que reclama.

Los magistrados encendieron las alarmas luego de conocer que el hombre tendría intención de presentar otras mil tutelas similares. Para la Corte, esta conducta está provocando una sobrecarga en juzgados, oficinas judiciales y hasta en la Fiscalía, donde también reposan múltiples actuaciones relacionadas con el mismo caso.

Como consecuencia, el alto tribunal ordenó crear filtros especiales en Bogotá, Cali y Pasto para rastrear cada nueva tutela que presente el ciudadano. Los jueces deberán recibir el historial completo de sus procesos antes de decidir si admiten las solicitudes.

La Corte también pidió revisar si detrás de esta avalancha judicial podría existir alguna conducta delictiva y abrió la puerta para que entidades estatales reclamen compensaciones por los costos y afectaciones generadas por el uso reiterativo de estos mecanismos legales.