El “cartel del reciclaje”: habitantes de calle fueron usados para saquear millonarios recursos públicos

Una red de corrupción que habría convertido el reciclaje en un negocio fraudulento quedó al descubierto tras una investigación de la Fiscalía General de la Nación, que reveló cómo habitantes de calle y personas en extrema pobreza fueron utilizados como supuestos empresarios para desviar miles de millones de pesos del Estado.

El escándalo, conocido como el “cartel del reciclaje”, destapó un sofisticado esquema de empresas fachada, bodegas inexistentes y facturas falsas con las que los implicados lograron cobrar recursos públicos destinados al aprovechamiento de residuos sólidos.

Según las autoridades, el fraude operó inicialmente en Duitama, Sogamoso y Tunja, donde se habrían apropiado de cerca de 7.000 millones de pesos mediante asociaciones de recicladores que solo existían en el papel.

La investigación señala que los responsables montaron toda una estructura ficticia para aparentar legalidad. Reportaban rutas de recolección que nunca se hicieron, estaciones de reciclaje inexistentes y toneladas de residuos que jamás fueron recogidas.

Incongruencias en el papeleo

Uno de los detalles más impactantes del caso es que varias de las personas que figuraban como representantes legales ni siquiera sabían que aparecían vinculadas a las empresas. Entre ellas habría una mujer habitante de calle y otra registrada en el Sisbén en condición de pobreza extrema.

De acuerdo con el expediente judicial, ambas aparecían como responsables de movimientos mensuales superiores a 40 millones de pesos, pese a vivir en condiciones completamente opuestas a las registradas en los documentos empresariales.

Las inspecciones realizadas por las autoridades encontraron que muchos de los supuestos centros de acopio permanecían cerrados o simplemente no existían. Vecinos de sectores mencionados en los reportes aseguraron no haber visto nunca camiones de reciclaje ni operaciones relacionadas con las actividades cobradas ante la Superintendencia de Servicios Públicos.

La Fiscalía ya capturó a cinco personas señaladas de integrar la red, entre ellas representantes legales y responsables de firmar documentación falsa para sostener el entramado.

Ahora las investigaciones buscan establecer si funcionarios públicos facilitaron el pago de facturas fraudulentas o ignoraron las irregularidades que permitieron que el esquema operara durante meses.

El expediente incluye delitos como concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad documental y enriquecimiento ilícito, mientras las autoridades no descartan que el mecanismo haya sido replicado en otras ciudades del país, incluida Bogotá.