Gobierno suspende capturas de 29 miembros del Clan del Golfo para garantizar participación en proceso de paz
La decisión quedó consignada en una resolución expedida a finales de abril, mediante la cual el Estado autoriza el traslado de los integrantes de la organización hacia Zonas de Ubicación Temporal en Córdoba y Chocó.
🚨 Noticias al instante en WhatsApp
Únete GRATIS a nuestro canal y recibe las alertas más importantes antes que todos.
👉 Seguir canal en WhatsAppEl Gobierno Nacional suspendió temporalmente las órdenes de captura y solicitudes de extradición contra 29 integrantes del Clan del Golfo con el propósito de facilitar su participación en los diálogos que adelanta el Ejecutivo dentro de la política de paz total.
La decisión quedó consignada en una resolución expedida a finales de abril, mediante la cual el Estado autoriza el traslado de los integrantes de la organización hacia Zonas de Ubicación Temporal en Córdoba y Chocó.
La finalidad del decreto es permitir que los cabecillas puedan intervenir directamente en las conversaciones, reuniones logísticas y actividades preparatorias del proceso sin que exista el riesgo inmediato de captura por parte de las autoridades.
El documento oficial señala que la suspensión judicial estará limitada exclusivamente a las acciones relacionadas con el proceso de paz y no implica el cierre definitivo de investigaciones o requerimientos judiciales.
Herramientas legales previstas
De acuerdo con el Gobierno, este mecanismo hace parte de las herramientas legales previstas para adelantar acercamientos con estructuras armadas organizadas y buscar fórmulas de sometimiento a la justicia y desmantelamiento criminal.
Entre los beneficiados figura Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, señalado como uno de los principales líderes del Clan del Golfo y requerido por autoridades nacionales e internacionales.
🚨 Últimas noticias en tiempo real
Únete GRATIS a nuestro canal y recibe alertas antes que todos.
👉 Suscribirme en TelegramLa resolución también establece que todos los movimientos deberán ser reportados y coordinados con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, incluyendo rutas, lugares de origen y fechas de desplazamiento.
El Ejecutivo considera que estas garantías jurídicas son necesarias para mantener abiertos los canales de negociación con la organización armada. Sin embargo, la medida ya comenzó a generar controversia en distintos sectores políticos debido al alcance de la suspensión, especialmente en casos que involucran solicitudes de extradición y delitos relacionados con narcotráfico.
El traslado hacia las zonas temporales está programado para el próximo 25 de junio, fecha clave dentro del cronograma previsto por el Gobierno para avanzar en esta etapa de conversaciones.
