Más poder de fuego en la Casa de Nariño: Gobierno habilita armas largas en la protección presidencial
Detrás de esta decisión hay un contexto de tensión. En las últimas semanas, el propio mandatario ha encendido las alarmas al referirse públicamente a posibles riesgos en su contra, incluso durante desplazamientos oficiales.
Un giro en la seguridad del jefe de Estado sacude el panorama institucional en Colombia. El gobierno de Gustavo Petro abrió la puerta para que la Unidad Nacional de Protección (UNP) utilice armamento de mayor alcance en los esquemas encargados de resguardar al mandatario.
La medida quedó oficializada mediante el Decreto 273 de 2026, una disposición que transforma reglas vigentes desde hace más de una década y redefine quiénes pueden portar este tipo de armas dentro de los organismos del Estado. A partir de ahora, los equipos de la UNP asignados a la seguridad presidencial podrán emplear fusiles y carabinas, siempre que exista autorización previa del Ministerio de Defensa.
El cambio no es menor. Hasta este momento, el uso de armas largas estaba reservado para entidades específicas, como algunas dependencias judiciales y del sistema penitenciario, bajo estrictos controles. La inclusión de la UNP en este grupo marca un nuevo capítulo en la estrategia de protección del presidente.
Un contexto de tensión
Detrás de esta decisión hay un contexto de tensión. En las últimas semanas, el propio mandatario ha encendido las alarmas al referirse públicamente a posibles riesgos en su contra, incluso durante desplazamientos oficiales. Aunque el decreto no menciona de forma directa estos episodios, el endurecimiento de las medidas de seguridad aparece como una respuesta a un escenario que el Gobierno considera cada vez más delicado.
La normativa también fija límites: el uso de este armamento no será extendido a todos los esquemas de protección, sino que se concentrará exclusivamente en la seguridad del presidente y bajo supervisión institucional. Además, los permisos podrán tener una duración de hasta diez años, lo que da un margen amplio para su implementación.
Creada en 2011, la UNP ha sido clave en la protección de líderes sociales, funcionarios y personas en riesgo. Sin embargo, este nuevo rol con armamento de mayor capacidad refuerza su peso dentro del engranaje de seguridad del Estado, en coordinación con la Fuerza Pública y organismos de inteligencia.
Con esta decisión, el Gobierno no solo ajusta normas técnicas: también envía un mensaje contundente sobre la prioridad que le otorga a la protección presidencial en medio de un clima que, lejos de calmarse, parece exigir medidas cada vez más robustas.
