Orden de liquidar EPS en quiebra sacude al sistema de salud y genera incertidumbre entre millones de afiliados
Uno de los casos más complejos es el de Nueva EPS, que reúne la mayor cantidad de afiliados en el país y arrastra una deuda que supera los 21 billones de pesos en los últimos años.
Un nuevo remezón enfrenta el sistema de salud colombiano tras la instrucción del presidente Gustavo Petro de avanzar hacia la liquidación de las EPS que no logren sostenerse financieramente. La directriz, emitida durante el más reciente Consejo de Ministros, encendió las alarmas por su impacto sobre millones de usuarios.
La decisión fue dirigida a los ministros de Hacienda, Germán Ávila, y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en medio del estancamiento de la reforma al sistema en el Congreso. Sin detallar qué entidades serían liquidadas, el anuncio dejó en el aire el futuro de al menos 23 millones de afiliados pertenecientes a EPS bajo intervención.
“Entonces -ministro de Hacienda y ministro de Salud- todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera; ya no tenemos alternativas. El Congreso no aprobó la reforma (a la salud), ya no queda sino este último trato”, afirmó el mandatario.
El panorama resulta especialmente delicado para entidades con amplia cobertura como Famisanar o Coosalud, que concentran millones de usuarios, así como para otras aseguradoras intervenidas entre las que figuran Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud, Servicio Occidental de Salud y Capresoca.
El caso de la Nueva EPS
Uno de los casos más complejos es el de Nueva EPS, que reúne la mayor cantidad de afiliados en el país y arrastra una deuda que supera los 21 billones de pesos en los últimos años. Sobre esta entidad, el presidente señaló la corresponsabilidad estatal en sus obligaciones financieras debido a su participación accionaria. “El Jefe del Estado debe recibir el pago que el Estado Nacional debe por ser propietario de la mitad de la Nueva EPS desde su fundación; es propietario de la mitad de la empresa y, por tanto, de la deuda”, indicó.
Los reportes financieros también evidencian un deterioro progresivo en varias de las EPS intervenidas. En el caso de Famisanar, bajo vigilancia desde 2023, se registra un aumento sostenido en deudas y quejas de usuarios, además de un empeoramiento en su patrimonio negativo en los últimos años.
Las alertas no se limitan a los balances. Organismos de control han advertido sobre el impacto en la atención a los pacientes. La Procuraduría, por ejemplo, abrió investigación sobre la gestión en Coosalud tras identificar un incremento significativo en quejas, tutelas y fallos judiciales incumplidos, lo que refleja mayores barreras para acceder a servicios de salud.
En regiones apartadas, la situación adquiere una dimensión aún más sensible. EPS como Asmet Salud operan en zonas rurales donde, en muchos casos, son la única alternativa para la población. La posible salida de estas entidades del sistema podría afectar de manera directa la prestación del servicio en territorios con limitada oferta.
El anuncio del Gobierno abre así un escenario de incertidumbre en el que el futuro de varias aseguradoras y la atención de millones de colombianos quedan en el centro del debate nacional.
