Corte Suprema asume la etapa definitiva del proceso contra Álvaro Uribe Vélez
En esta etapa no se revisarán los hechos ni las pruebas recopiladas
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia entró a estudiar el expediente judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de que el caso avanzara formalmente a la fase de casación, instancia que tendrá la última palabra en uno de los procesos más prolongados y controversiales del país.
La revisión se produce tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que, en segunda instancia, absolvió al exmandatario de los cargos de fraude procesal y soborno en actuación penal, por los que había sido condenado en agosto de 2025 a 12 años de prisión. Tres meses después de ese fallo absolutorio, la Fiscalía y las víctimas acudieron al máximo tribunal penal para cuestionar lo resuelto.
Sin análisis de hechos ni pruebas
En esta etapa, la Corte no volverá a examinar los hechos ni a practicar pruebas. Su análisis se centrará en determinar si, durante el trámite judicial, se presentaron errores en la aplicación de la ley o en la apreciación del material probatorio por parte del tribunal de segunda instancia.
Sobre el alcance de este recurso, el abogado Amir Nayi Abushihab explicó en entrevista con La FM que: “La casación no es una apelación ni una tercera instancia”, al precisar que la Corte solo puede pronunciarse sobre los cargos concretos planteados en las demandas presentadas.
El origen del proceso se remonta a 2012, cuando Uribe, entonces senador, denunció a Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Seis años después, la Corte Suprema abrió una investigación contra el exjefe de Estado, al considerar que habría actuado como determinador de una red destinada a modificar testimonios relacionados con presuntos vínculos paramilitares en Antioquia. En medio de ese escenario, Uribe renunció al Senado y el expediente pasó a la Fiscalía, entidad que, tras varios intentos de preclusión, lo llevó a juicio.
Tras el fallo absolutorio, las demandas de casación sostienen que el Tribunal Superior de Bogotá dejó de valorar pruebas relevantes o lo hizo de manera incorrecta, lo que habría incidido directamente en la decisión que favoreció al líder del Centro Democrático, hoy aspirante nuevamente al Senado.
Con un expediente que suma miles de páginas y más de una década de controversia judicial y política, el proceso vuelve a la Corte Suprema de Justicia, que deberá emitir una decisión definitiva en un trámite que, según fuentes jurídicas, podría extenderse por varios años.
