La jueza Sandra Liliana Heredia emitirá este viernes la sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras haber sido hallado culpable de fraude procesal y soborno en actuación penal. El caso, que ha captado la atención nacional e internacional por su impacto político y judicial, se convierte en un precedente sin comparación en Colombia: es la primera vez que un exmandatario enfrenta una condena penal.
La audiencia final está programada para las 2:00 p. m. en Bogotá. Hasta ese momento, el contenido de la sentencia se mantiene bajo estricta reserva, tal como ordenó la jueza del Juzgado 44 Penal del Circuito. No obstante, ya se conocen las peticiones de la Fiscalía: prisión domiciliaria por nueve años, una inhabilidad política del mismo periodo y una multa que supera los $2.300 millones.
Marlenne Orjuela, fiscal delegada ante la Corte Suprema, explicó que la condena solicitada responde a la gravedad de los delitos y a la acumulación de hechos. De acuerdo con el Código Penal, las penas por fraude procesal y soborno en actuación penal oscilan entre seis y doce años de prisión. En este caso, la Fiscalía pidió aplicar un aumento autorizado por ley debido a la concurrencia de conductas punibles.
Los hechos que dieron origen al proceso comenzaron más de una década atrás. En 2012, el senador Iván Cepeda reveló ante el Congreso testimonios de exparamilitares que relacionaban a Uribe con estructuras armadas ilegales. Años más tarde, la justicia se enfocó en las maniobras que presuntamente se usaron para desacreditar esos testimonios mediante presiones, pagos y ofertas a los testigos.
Un juicio de más de 10 años
El juicio, que se ha extendido por más de diez años, ha sido seguido con atención tanto por sus implicaciones jurídicas como por la figura política que representa el acusado. Álvaro Uribe, presidente entre 2002 y 2010, continúa siendo una figura influyente en la política nacional y en sectores del electorado colombiano.
El senador Iván Cepeda, uno de los protagonistas del proceso, calificó el fallo condenatorio como una victoria de la justicia: “Representa la culminación de un proceso judicial de más de una década”, afirmó. En sus declaraciones, Cepeda también aseguró que esta decisión reivindica a las víctimas del conflicto y demuestra que “la justicia puede alcanzar incluso a los más poderosos”.
Por su parte, la defensa del exmandatario, liderada por el abogado Jaime Granados, anticipó que apelará el fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá. Advirtió, además, que el caso tiene una fecha límite: el 16 de octubre de 2025, cuando prescribiría la acción penal si no se emite una decisión en segunda instancia antes de esa fecha.
