Gestión del Riesgo pide declarar emergencia económica en Colombia
Hay varios departamentos afectados por inundaciones y otros en riesgo inminente de las mismas
La emergencia climática que atraviesa Colombia mantiene en vilo a más de cien mil familias afectadas por lluvias, deslizamientos e inundaciones, mientras la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) advierte que no tiene cómo seguir respondiendo. Su director, Carlos Carrillo, alertó que el país podría entrar en una situación aún más crítica si no se liberan con urgencia los recursos prometidos desde 2023.
Carrillo elevó un llamado al Gobierno nacional para que destrabe los $1.9 billones aprobados tras la declaratoria presidencial de desastre por variabilidad climática. Aunque la medida fue anunciada hace un año, el dinero no ha sido transferido. “Desde el año pasado hemos venido haciéndole los requerimientos al Ministerio de Hacienda, son unos recursos que tienen que darse”, señaló.
El funcionario advirtió que si no se toman decisiones excepcionales desde la Casa de Nariño, la respuesta institucional quedará completamente paralizada. Como salida extrema, propuso declarar una emergencia económica, social y ambiental, lo que permitiría al Ejecutivo aprobar partidas por decreto: “Si la situación es de tal gravedad que definitivamente el Estado colombiano no puede garantizar esos recursos, pues tendría el presidente que declarar la emergencia”.
Los recortes presupuestales generan preocupación
A esta crisis se suman los recortes presupuestales aplicados el año pasado, que debilitaron de forma significativa la capacidad operativa de la entidad. Carrillo reveló que a la Ungrd le fueron retirados 2.1 billones de pesos: “No voy a entrar en tecnicismos, pero básicamente el año pasado nos quitaron 2.1 billones de pesos”.
También dirigió duras críticas a sectores del Congreso, especialmente a los senadores de oposición, a quienes responsabilizó de haber hundido la ley de financiamiento: “Pusieron en riesgo a 50 millones de colombianos por su mezquindad política. Hundieron la ley de financiamiento, y esto ha generado un tema de estrechez fiscal que hoy tiene consecuencias tangibles en todo el país”.
Aunque recalcó la obligación que tienen los gobernadores dentro del esquema de atención por desastres, fue enfático en que no es viable cumplir sin apoyo del Gobierno central: “Si no hay plata, pues simplemente no va a ser posible que el Estado cumpla con su obligación”.
Pese al panorama adverso, la Ungrd mantiene activo un plan de preparación nacional. En lo corrido del año, ha entregado más de 955.000 kits de asistencia humanitaria a casi 114.000 familias, invertido $19.000 millones en maquinaria amarilla y realizado más de 2.500 entregas de materiales de construcción. También se ha priorizado la atención a territorios vulnerables como Chocó, La Guajira, Córdoba, Sucre y Meta, entre otros.
Una de las emergencias más recientes ocurrió en Quetame, Cundinamarca, donde más de 2.000 personas resultaron aisladas por movimientos en masa. La entidad articuló acciones junto a autoridades locales y fuerzas militares para habilitar el acceso y garantizar atención a los damnificados.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que las lluvias recientes no están vinculadas a fenómenos como El Niño o La Niña, sino a la creciente variabilidad climática. Entre enero y junio se registraron 1.200 emergencias en más de 500 municipios. Solo entre el 16 de junio y el 11 de julio se presentaron 209 nuevos eventos que afectaron a 24.600 familias adicionales.
De cara al segundo semestre, las proyecciones son preocupantes: podrían presentarse hasta 1.700 emergencias en cerca de 1.000 municipios. Frente a este escenario, Carrillo insistió en que sin respaldo fiscal, no hay forma de atender a la población. “Es imposible garantizar desde diferentes sectores del Gobierno la atención a las emergencias” concluyó.
