Según la ONU la fuerza pública es culpable de 28 muertes durante el paro nacional
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU) publicó un informe detallado de los actos violentos que sucedieron durante el paro nacional ocurrido este año en Colombia. Según el documento, existió un uso desproporcionado de la fuerza, asesinatos, torturas y humillaciones por parte de la fuerza pública.
“Lo que nos ha preocupado es que hemos documentado 46 muertes durante el paro, 44 afectando a civiles y 2 a policías. 28 son atribuibles a la fuerza pública y en 10 casos fueron personas que se vestían de civil que mataron a manifestantes o transeúntes”, dijo Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, en entrevista con BLU Radio.
“La mayoría de las muertes fueron por armas de fuego. Otras muertes se registraron por el uso de armas menos letales como gases lacrimógenos o el arma Venom”, complementó de Rivero.
«Hubo un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza»
Para el Alto Comisionado, contrario a los estándares internacionales y la normativa nacional, varias de las manifestaciones pacíficas que tuvieron lugar entre el 28 de abril y el 31 de julio de 2021 fueron disueltas con un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza vulnerando el derecho de reunión pacífica. Además, dice el documento, “hay razones fundadas para sostener que las autoridades no habrían actuado con la debida diligencia para proteger a los manifestantes frente a la actuación violenta de actores no estatales”. A manera de explicación de estas irregularidades cometidas por la fuerza pública, el informe muestra un análisis sobre el uso de armas letales por parte de la Policía contra manifestantes pacíficos o transeúntes.
Informaron que llegaron a esta conclusión, luego de un trabajo de varios meses en el que se analizaron más de 2.000 piezas de material audiovisual, 623 entrevistas a víctimas y testigos, 505 reuniones con funcionarios gubernamentales nacionales y locales y 373 reuniones con organizaciones de sociedad civil y personas que se encontraban protestando.
Este trabajo les permitió confirmar, por ejemplo, que el 3 de mayo de este año, policías patrullaron por las calles de Siloé (Cali), uno de los barrios más afectados por esas jornadas de violencia, armados de fusiles y habrían apuntado a manifestantes. Además del uso de armas letales, la Oficina también documentó polémicos episodios con artefactos menos letales.
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