Gobierno cuestiona contratación por prestación de servicios durante la administración Petro
El Gobierno de Abelardo de la Espriella pidió a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría revisar de manera prioritaria este tipo de vinculaciones para establecer
La contratación de personal mediante órdenes de prestación de servicios se convirtió en uno de los principales puntos de controversia del informe presentado por el Gobierno Nacional a los organismos de control sobre la administración de Gustavo Petro.
De acuerdo con el diagnóstico elaborado durante el proceso de empalme, cerca de 900.000 contratos de prestación de servicios habrían sido suscritos en ministerios, entidades y agencias estatales durante el periodo anterior. El Ejecutivo calcula que esta dinámica habría generado un impacto superior a $5 billones relacionado con obligaciones y eventuales reclamaciones de carácter laboral.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella pidió a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría revisar de manera prioritaria este tipo de vinculaciones para establecer si fueron utilizadas para atender funciones que, por su naturaleza permanente, debían ser desarrolladas por empleados vinculados a la estructura formal del Estado.
Las nóminas paralelas
La preocupación del Ejecutivo se concentra en lo que denomina “nóminas paralelas”: personas contratadas mediante prestación de servicios para desarrollar actividades que tendrían continuidad dentro de las entidades. Según la administración actual, esta práctica podría generar procesos judiciales si los contratistas reclaman posteriormente el reconocimiento de una relación laboral con el Estado.
Otro de los aspectos cuestionados es la terminación y renovación periódica de estos contratos. Para el Gobierno, el cambio constante de personal afecta la continuidad de los procesos administrativos y ocasiona pérdida de conocimiento y experiencia dentro de las entidades públicas.
El Ejecutivo considera, además, que el uso extendido de esta modalidad debe ser revisado frente a las normas que regulan la contratación estatal y el ingreso a la carrera administrativa. La discusión ahora queda en manos de los organismos de control, que deberán determinar si las situaciones documentadas corresponden a irregularidades y si existen responsabilidades individuales.
