Gobierno venezolano habla de apertura política mientras crecen dudas sobre liberación de detenidos
Uno de los ejes centrales del anuncio fue el proceso de excarcelaciones, presentado por el chavismo como una señal de distensión política.
En medio de un escenario político marcado por anuncios de cambio y llamados al diálogo, la recién designada jefa del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, aseguró que el país atraviesa una nueva etapa tras la detención de Nicolás Maduro y el inicio de un proceso de liberación de personas encarceladas por motivos políticos.
“El mensaje es, una Venezuela que se abre a un nuevo momento político que permite el entendimiento desde la divergencia y la diversidad ideológica”, dijo ante los medios, acompañada por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento oficialista, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello.
La funcionaria advirtió, no obstante, que el Gobierno no tolerará expresiones que, a su juicio, inciten a la confrontación. “Los mensajes de odio, intolerancia y las acciones de violencia no serán permitidas”, afirmó, al tiempo que recalcó que “el cumplimiento de la ley será estricto”.
Uno de los ejes centrales del anuncio fue el proceso de excarcelaciones, presentado por el chavismo como una señal de distensión política. Rodríguez sostuvo que las liberaciones continúan en coordinación con el sistema judicial y que, hasta ahora, se contabilizan 406 casos previstos. “Ese proceso no ha culminado aún. Se mantiene abierto y es justamente lo que hemos venido coordinando con el sistema de justicia en Venezuela”, señaló.
Dudas sobre las cifras oficiales
Sin embargo, las cifras oficiales han sido puestas en duda por organizaciones independientes. El Foro Penal informó que solo ha podido confirmar 72 excarcelaciones desde que comenzó el proceso a inicios de enero. Su vicepresidente, Gonzalo Himiob, advirtió que existe una brecha significativa entre los datos del Gobierno y los verificados por la sociedad civil, y reclamó información precisa para los familiares de los detenidos.
La falta de listas públicas y de detalles sobre la situación jurídica de los liberados ha generado incertidumbre entre decenas de familias, algunas de las cuales permanecen a las afueras de centros de reclusión en busca de respuestas. A estas críticas se han sumado gremios y organizaciones vinculadas a la libertad de expresión, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que exige garantías para periodistas y trabajadores de medios.
Desde el exterior, la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero pidió la liberación inmediata de más de 20 comunicadores aún encarcelados y la anulación de los procesos judiciales en su contra. La organización también reclamó el fin de la persecución y la derogación de normas que restringen el ejercicio del periodismo.
Mientras el Gobierno insiste en que se abre un ciclo de reconciliación tras la caída de Maduro, la oposición y los defensores de derechos humanos mantienen una postura cautelosa. La Plataforma Unitaria Democrática reporta un número de liberaciones muy inferior al anunciado oficialmente, lo que alimenta el debate sobre el alcance real de esta supuesta apertura política y la transparencia del proceso.
