Polémica por posesión de Abelardo de la Espriella: juez ordena disculpas por acto con elementos religiosos
Un juez de Bogotá consideró que la ceremonia realizada el 7 de agosto en Cali desconoció el principio de neutralidad religiosa del Estado y ordenó medidas que también involucran a la Presidencia y al Congreso.
La ceremonia de posesión del presidente Abelardo de la Espriella quedó en el centro de una controversia judicial. Un juez de Bogotá ordenó al mandatario ofrecer disculpas públicas al considerar que durante el acto oficial del pasado 7 de agosto se vulneró el principio de neutralidad religiosa del Estado.
La decisión fue adoptada después de que un ciudadano acudiera a la acción de tutela argumentando que sus derechos a la libertad de conciencia y de culto habían sido afectados por los elementos religiosos incorporados a la ceremonia.
El juez puso la lupa sobre varios momentos y elementos presentes durante el acto desarrollado en Cali. Entre ellos estuvo un espacio denominado “invocación y alabanza”, la participación de representantes de tres sectores religiosos y la presencia de una imagen de la Virgen de Fátima dentro del recinto donde se llevó a cabo la posesión.
Según la decisión, la combinación de estos elementos en una ceremonia oficial desconoció el deber de neutralidad religiosa que deben mantener las instituciones del Estado. El fallo establece que las autoridades pueden ejercer libremente sus creencias, pero esa libertad no implica que los actos realizados en ejercicio de sus funciones puedan asociarse institucionalmente con una religión determinada.
No se limita al presidente
La orden judicial no se limita al presidente. La Presidencia de la República deberá expedir una directiva dirigida a los servidores públicos para establecer pautas que garanticen el respeto por la neutralidad religiosa durante los actos oficiales.
El presidente del Congreso también quedó cobijado por la decisión. Deberá ofrecer disculpas públicas y comprometerse a evitar actuaciones que puedan representar una inclinación institucional hacia una determinada confesión religiosa.
El caso pone nuevamente sobre la mesa una pregunta que ahora adquiere relevancia judicial: ¿hasta dónde pueden llegar las manifestaciones religiosas dentro de una ceremonia oficial?
La decisión sostiene que una cosa es la libertad de culto de quienes ejercen cargos públicos y otra distinta es utilizar espacios institucionales para desarrollar actos que puedan transmitir una identificación del Estado con una religión específica.
Por ahora, las medidas ordenadas por el juez obligan a la Presidencia y al Congreso a adoptar acciones concretas para evitar que situaciones similares se repitan. El fallo convierte así la ceremonia de posesión del pasado 7 de agosto en el punto de partida de una discusión sobre religión, libertad de conciencia y neutralidad de las instituciones públicas.
