Vientres de alquiler podrían convertirse en delito: proyecto busca cárcel de hasta 15 años
El proyecto plantea crear el delito de “explotación reproductiva mediante maternidad subrogada”. De ser aprobado, quienes promuevan o faciliten este tipo de acuerdos podrían enfrentar penas de nueve a 15 años de prisión, además de multas que alcanzarían los 1.500 salarios mínimos.
Una iniciativa que comienza su trámite en el Congreso pretende cambiar de manera radical el tratamiento de los llamados vientres de alquiler en Colombia. La propuesta busca prohibir esta práctica y establecer sanciones penales para quienes participen en su promoción o facilitación.
El proyecto plantea crear el delito de “explotación reproductiva mediante maternidad subrogada”. De ser aprobado, quienes promuevan o faciliten este tipo de acuerdos podrían enfrentar penas de nueve a 15 años de prisión, además de multas que alcanzarían los 1.500 salarios mínimos.
La propuesta ha conseguido reunir apoyos de congresistas que pertenecen a sectores políticos que normalmente mantienen posiciones enfrentadas. Entre sus impulsores figuran integrantes del Partido Conservador, Salvación Nacional, el Pacto Histórico, el Centro Democrático, Cambio Radical y sectores de centroizquierda.
Uno de los principales promotores es el representante conservador Luis Miguel López, quien sostiene que detrás de los acuerdos de vientres de alquiler existen riesgos que pueden afectar a las mujeres y a los niños involucrados.
“Mi interés nace de escuchar y de ver una industria de venta de bebés que tiene graves implicaciones físicas y psicológicas para las mujeres”, afirmó López.
La representante Jennifer Pedraza también respalda la iniciativa, pese a sus diferencias políticas con algunos de los sectores que la promueven. Para la congresista, el punto de coincidencia está en la protección de los derechos de las mujeres.
“Hay sectores con los que desde el movimiento feminista tenemos 1.000 diferencias y yo he sido muy crítica con las apuestas conservadoras, pero en este caso hemos encontrado una coincidencia que es la protección de los derechos humanos de las mujeres”, sostuvo.
Pedraza considera que esta práctica puede tener características similares a la trata de personas y cuestiona que los acuerdos puedan manejarse como simples negocios entre particulares.
“Muchos abogados han planteado que el objeto de estos contratos civiles es ilegal y por eso no se puede ver como una transacción civil. No se puede equiparar con la compra de un carro porque aquí el producto final es un ser humano”, manifestó.
Muchas críticas alrededor
Sin embargo, la iniciativa enfrenta críticas de quienes consideran que prohibir los vientres de alquiler no solucionaría los problemas asociados a esta práctica. Una de las posiciones contrarias proviene de la abogada y profesora de la Universidad de Los Andes Natalia Ramírez, quien considera que Colombia debería avanzar hacia una regulación.
“Ha habido 18 proyectos de ley que buscan prohibir este negocio y ninguno lo ha conseguido. El presente me parece problemático porque la sanción no acaba una práctica, especialmente en un país como Colombia, en el que siempre es complicado hacer que una ley se cumpla”, explicó.
La jurista advierte además sobre un posible efecto no deseado de una prohibición. “De ser aprobada, vamos a ver una transferencia al mercado negro, lo que aumenta la vulnerabilidad de las mujeres y de los bebés”, señaló.
El debate ocurre en un escenario de vacío normativo. Aunque la Corte Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones sobre los vientres de alquiler, Colombia todavía no cuenta con una regulación legislativa integral que establezca todas las condiciones para realizar este tipo de procedimientos.
La jurisprudencia ha establecido, entre otros criterios, que estos acuerdos deben tener una finalidad “altruista”. No obstante, continúan existiendo interrogantes sobre los límites de las compensaciones económicas y las condiciones que deben cumplir las personas involucradas.
Los impulsores del proyecto sostienen que Colombia debe evitar que los vacíos legales permitan el crecimiento de una industria alrededor de la gestación subrogada. Sus contradictores, en cambio, consideran que la prohibición podría trasladar la práctica a escenarios clandestinos, haciendo más difícil proteger a las mujeres y a los niños.
El proyecto apenas comienza su recorrido en el Congreso y todavía debe superar varias etapas antes de que pueda convertirse en ley. La discusión promete enfrentar nuevamente a sectores conservadores y progresistas alrededor de los derechos reproductivos, la autonomía de las mujeres y la protección de los niños.
Mientras avanza el trámite, la propuesta deja sobre la mesa una pregunta que divide al Congreso: ¿prohibir los vientres de alquiler acabará con la práctica o la llevará a un mercado clandestino con mayores riesgos?
