Denuncias entre altos funcionarios marcaron una de las mayores fracturas internas del Gobierno Petro
Los escándalos dentro del Gobierno saliente estuvieron a la orden del día
Procesos promovidos entre ministros, exfuncionarios y directivos de entidades estatales terminaron trasladando las diferencias del Gobierno a los escenarios judiciales, en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades.
Las tensiones al interior del Gobierno del presidente Gustavo Petro no solo quedaron reflejadas en diferencias políticas y públicas controversias. Con el paso del tiempo, los desacuerdos escalaron hasta convertirse en una cadena de denuncias penales y disciplinarias entre integrantes y exintegrantes de la administración, configurando un escenario de confrontación sin precedentes dentro del Ejecutivo.
El episodio más reciente involucra a Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, quien presentó una denuncia contra el jefe de Estado. La funcionaria también ha impulsado acciones contra Carlos Carrillo, Juliana Guerrero y Ángela María Buitrago, mientras que el presidente Petro respondió con una denuncia en su contra.
La lista de enfrentamientos judiciales se extiende a varios de los nombres más visibles del Gobierno. Armando Benedetti y Laura Sarabia se denunciaron mutuamente, al igual que Benedetti con Augusto Rodríguez y Carlos Carrillo. También figuran acciones presentadas por Alfredo Saade contra Benedetti y Sarabia, así como denuncias cruzadas entre Benedetti y Ángela María Buitrago.
Otros casos incluyen las actuaciones judiciales entre Luis Carlos Reyes y Roy Barreras; la denuncia de Alejandro Gaviria contra Gustavo Petro; la acción promovida por el mandatario contra Álvaro Leyva; las denuncias relacionadas con Olmedo López, quien aparece enfrentado judicialmente con el presidente Petro, Luis Fernando Velasco y Martha Peralta; además de las acciones de Ricardo Bonilla contra Ricardo Roa y Nicolás Alcocer, y la denuncia de Laura Sarabia contra Sandra Ortiz.
El volumen de estos procesos ha puesto de manifiesto el nivel de confrontación que se consolidó dentro del Gobierno, donde antiguos aliados terminaron enfrentándose en los despachos judiciales mientras avanzaban investigaciones por presuntas irregularidades. Será la justicia la encargada de establecer el alcance y las responsabilidades que puedan derivarse de cada uno de estos casos.
