Fiscalía cita a Álvaro Uribe en investigación por masacre de El Aro y crímenes de defensores de derechos humanos
Uribe ha negado reiteradamente cualquier relación con esas acusaciones y ha sostenido que los señalamientos carecen de sustento. Tras conocerse la decisión de la Fiscalía, cuestionó el procedimiento adelantado por la funcionaria encargada del caso.
Un nuevo capítulo judicial se abre para el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La Fiscalía General de la Nación decidió vincularlo formalmente a una investigación relacionada con la masacre de El Aro, ocurrida en Antioquia en 1997, así como con hechos que rodearon los homicidios de los abogados Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza.
La diligencia de indagatoria fue programada dentro del proceso que adelanta el ente acusador para establecer si existen elementos que permitan atribuir algún grado de responsabilidad al exmandatario en estos acontecimientos, considerados entre los más sensibles del conflicto armado colombiano.
La actuación se deriva de una decisión judicial adoptada el año pasado por un despacho de Medellín, que ordenó remitir información a la Fiscalía para que analizara posibles responsabilidades penales de varias personas mencionadas dentro del expediente, entre ellas Uribe, su hermano Santiago Uribe Vélez y el general retirado Carlos Alberto Ospina. Las pesquisas se concentran en presuntos delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado.
Testimonios, documentos y demás pruebas
Como parte de la investigación, la Fiscalía ha recopilado testimonios, documentos y procesos judiciales relacionados con las incursiones armadas registradas en Ituango durante la década de los noventa. Dentro del material evaluado figuran declaraciones entregadas por antiguos jefes paramilitares que han mencionado reuniones y decisiones presuntamente vinculadas con los hechos bajo análisis.
Uribe ha negado reiteradamente cualquier relación con esas acusaciones y ha sostenido que los señalamientos carecen de sustento. Tras conocerse la decisión de la Fiscalía, cuestionó el procedimiento adelantado por la funcionaria encargada del caso. «La fiscal no ha recibido una sola declaración mía. De una vez me lleva al proceso para condenarme», expresó el exjefe de Estado.
No obstante, expertos en derecho penal recuerdan que la indagatoria constituye una etapa preliminar dentro de una investigación formal y tiene como finalidad permitir que la persona vinculada conozca los hechos que se examinan y ejerza su derecho a la defensa.
El expediente también revisa el contexto en el que ocurrieron los asesinatos de Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza, dos reconocidos defensores de derechos humanos que denunciaron presuntas relaciones entre estructuras paramilitares y agentes estatales en Antioquia durante los años noventa.
Con la práctica de esta diligencia, la Fiscalía deberá continuar recolectando pruebas antes de adoptar una determinación de fondo. Entre las opciones jurídicas se encuentra presentar una acusación ante los jueces competentes o concluir que no existen méritos suficientes para continuar con el proceso.
La decisión se conoce en medio de un intenso ambiente político nacional y vuelve a poner en el centro del debate uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente del país.
