Informe de la Uiaf pone bajo la lupa el patrimonio de la magistrada Cristina Lombana

Un informe elaborado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) abrió una nueva investigación alrededor de Cristina Lombana, debido a inconsistencias detectadas entre los bienes que figuran a su nombre y los datos reportados en sus declaraciones tributarias durante los últimos años.

La indagación, conocida a través del Reporte Coronell de Caracol Radio, fue solicitada por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y analiza la evolución patrimonial de la magistrada desde su llegada a la Corte Suprema de Justicia en 2018.

Según los datos revisados por la Uiaf, el patrimonio reportado por Lombana pasó de $651 millones en 2017 a más de $3.400 millones en 2024, lo que representaría un crecimiento de más de cinco veces en ese periodo.

Uno de los hallazgos que llamó la atención de los investigadores corresponde al año 2022. De acuerdo con el informe, la magistrada declaró bienes por $2.469 millones, aunque la información verificada mediante registros tributarios y otras fuentes oficiales solo respaldaría cerca de $596 millones, generando una diferencia superior a $1.800 millones.

El reporte también advierte que únicamente una parte del patrimonio registrado tendría soporte suficiente en la información suministrada por terceros.

Tres propiedades en Bogotá

Dentro del análisis financiero aparecen trece propiedades vinculadas a la magistrada en ciudades como Bogotá, Medellín, La Calera y Ricaurte. Siete de esos inmuebles figuran directamente a su nombre y presentan diferencias entre el avalúo catastral y el comercial, aspecto que hace parte de las verificaciones realizadas por las autoridades.

Además de los bienes inmuebles, la investigación revisa movimientos bancarios efectuados entre 2019 y 2025, periodo en el que se registraron transacciones por varios miles de millones de pesos entre depósitos y retiros.

Frente a los cuestionamientos, Lombana aseguró que el crecimiento de su patrimonio tiene explicaciones legales y negó cualquier irregularidad. La magistrada afirmó que parte de sus recursos provienen del pago de pólizas de seguros tras enfrentar un cáncer, así como de herencias familiares y ahorros acumulados desde hace años.

También explicó que recibe simultáneamente ingresos por su cargo actual y una pensión como militar retirada, condición que, según indicó, influye en su capacidad económica.

La magistrada sostuvo además que algunas variaciones obedecen a actualizaciones realizadas en los avalúos comerciales de sus propiedades con fines tributarios.

En medio de la controversia, Lombana manifestó que detrás del informe existiría una motivación política. Según dijo en declaraciones conocidas por Caracol Radio, responsabiliza al ministro del Interior, Armando Benedetti, y mencionó también al exdirector de la Uiaf, Luis Eduardo Llinás, y a la representante a la Cámara Gloria Elena Arizabaleta.