El Estado reconocerá y protegerá a las mujeres que buscan a los desaparecidos en Colombia
La norma busca que cada una de las mujeres buscadoras puedan acceder a derechos fundamentales
Durante años han caminado ríos, montes y oficinas públicas detrás de una sola pregunta: ¿dónde están? Ahora, esa labor silenciosa y peligrosa tendrá un respaldo institucional. El Gobierno Nacional expidió un decreto que incorpora a cerca de 300 mil mujeres buscadoras de personas desaparecidas a una serie de programas de protección y atención estatal.
La norma establece un marco especial para que estas mujeres —y sus familias— accedan a derechos fundamentales como salud integral, educación, vivienda, trabajo, autonomía económica y justicia. También contempla su inclusión prioritaria en programas sociales y culturales, así como medidas de prevención y atención frente a las violencias que han sufrido en el ejercicio de su búsqueda, muchas de ellas asociadas a su condición de género.
Uno de los pilares del decreto es la creación del Registro Único de Mujeres Buscadoras, un instrumento que permitirá identificar oficialmente a quienes realizan esta labor. La Unidad para las Víctimas será la encargada de ponerlo en funcionamiento y tendrá un plazo máximo de diez meses, contados desde la entrada en vigencia del decreto, para su implementación.
El reconocimiento simbólico
Además del acceso a derechos, la norma introduce acciones orientadas al reconocimiento simbólico y a la memoria. Entre ellas, se asigna al Ministerio de Relaciones Exteriores la tarea de promover, ante escenarios internacionales como Naciones Unidas, el reconocimiento del Día Mundial de las Mujeres Buscadoras de personas desaparecidas.
El enfoque del decreto parte del reconocimiento de que estas mujeres no solo enfrentan el dolor de la desaparición de un ser querido, sino también múltiples formas de violencia durante su búsqueda. Por eso, se ordena que las solicitudes de inscripción en el registro activen, de manera inmediata, rutas de atención integral frente a las agresiones vividas, incluidas aquellas relacionadas con violencia sexual.
Con esta decisión, el Estado colombiano da un paso para transformar la relación institucional con quienes han asumido, muchas veces en soledad, la tarea de buscar a las víctimas de la desaparición forzada, una de las heridas más profundas del conflicto armado.
