Condenan a Mancuso a 40 años de prisión en Colombia
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla, emitió la sentencia
Una decisión judicial volvió a poner en el centro del debate los crímenes cometidos contra comunidades indígenas en el norte del país. El Tribunal Superior de Barranquilla, a través de su Sala de Justicia y Paz, sentenció al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos que afectaron principalmente al pueblo Wayúu y a otras comunidades de La Guajira.
La condena fija una pena principal de 40 años de prisión, acompañada de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo lapso. No obstante, el fallo contempla la aplicación de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, que establecen una pena alternativa de ocho años, condicionada al cumplimiento de las obligaciones judiciales y de reparación impuestas.
Los crímenes que dieron pie a l pena
Según lo establecido en la sentencia, los crímenes fueron ejecutados por integrantes del Frente Contrainsurgencia Wayúu, estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuaba bajo directrices de sus máximos jefes, entre ellos Mancuso. Las conductas incluyeron homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos y hechos de violencia basada en género.
Uno de los episodios analizados por el tribunal ocurrió el 10 de octubre de 2003 en la ranchería Manaki, en el municipio de Uribia. Allí, hombres armados ingresaron a la comunidad, agredieron físicamente a varios indígenas durante horas y destruyeron o se llevaron elementos tradicionales como chinchorros, mochilas y mantas, piezas fundamentales para la economía y la identidad cultural Wayúu.
El fallo también recoge el asesinato de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, igualmente en Uribia, en los primeros meses de operación del Frente Contrainsurgencia Wayúu, creado ese mismo año. Esta estructura llegó a contar con unos 150 hombres y permitió a las AUC ampliar su control armado en amplias zonas de La Guajira, incluidas áreas cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta.
Como parte de la decisión, la Sala reconoció a varias comunidades indígenas como sujetos de reparación colectiva. Entre ellas se encuentran los asentamientos Wayúu de Carraipia, Majayura y Malaki, en Uribia, así como la comunidad de Matitas, en jurisdicción de Riohacha.
La sentencia constituye un nuevo pronunciamiento judicial sobre el impacto del paramilitarismo en pueblos indígenas y refuerza el reconocimiento de los daños colectivos sufridos por estas comunidades durante el conflicto armado.
