Epa Colombia pidió ser trasladada a una guarnición militar
La defensa de la empresaria e influencer alegó que ella está sufriendo de daños emocionales por las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentra
La defensa de la influenciadora Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, ha elevado una nueva solicitud al Inpec en busca de modificar el lugar donde cumple su condena de más de cinco años de prisión. Esta vez, los abogados piden que sea trasladada desde la cárcel El Buen Pastor de Bogotá a un establecimiento militar habilitado como centro de reclusión.
El recurso, presentado por el abogado Víctor Mosquera y dirigido también al presidente Gustavo Petro, argumenta que la solicitud busca “proteger la vida e integridad” de la condenada, alegando un contexto de persecución derivado de su participación en el estallido social de 2019. En aquel año, Barrera fue grabada destruyendo una estación de TransMilenio, hecho que le valió una condena por instigación al terrorismo.
A pesar de que su equipo jurídico ha intentado en varias ocasiones modificar su situación carcelaria con argumentos como su rol como madre cabeza de familia y su reintegración a la sociedad como empresaria, los jueces han rechazado cada petición. El último fallo provino del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá, que negó la prisión domiciliaria al considerar que no se cumplen los requisitos legales para ese beneficio.
Que sea reubicada
Con esta nueva estrategia, la defensa busca que Barrera sea reubicada en una guarnición militar con condiciones adecuadas para mujeres privadas de la libertad. El documento sugiere que su caso debe entenderse como parte del debate más amplio sobre el tratamiento judicial de la protesta social, y califica su condena como un ejemplo de “criminalización desproporcionada”.
Fuentes del Ministerio de Justicia han señalado que la solicitud podría tener posibilidades de avanzar, pero cualquier decisión final dependerá del análisis de un juez de ejecución de penas.
El abogado Francisco Bernate, integrante del equipo de defensa, confirmó que aún no han recibido respuesta oficial. Mientras tanto, la discusión sobre el caso continúa generando opiniones divididas: para algunos, la pena impuesta refleja una respuesta excesiva del sistema judicial; para otros, es una consecuencia lógica de incitar públicamente al daño a bienes públicos.
Desde el Gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro ha expresado en el pasado su preocupación por el tratamiento penal de Barrera, aunque funcionarios del Ministerio de Justicia han reiterado que no es competencia del Ejecutivo intervenir en decisiones judiciales.
Esta es la quinta acción legal que interpone la defensa de Epa Colombia desde que se hizo efectiva la condena. Mientras se estudia la posibilidad de un traslado, Barrera permanece privada de la libertad en El Buen Pastor, la principal cárcel de mujeres del país.
