Según la Fiscalía, ataque a Miguel Uribe respondería a motivos políticos
Esta afirmación fue expuesta por el ente acusador durante la audiencia de imputación de cargos contra Katerine Martínez, alias Gabriela, señalada como coautora del delito de tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas.
Las investigaciones judiciales sobre el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay han revelado detalles alarmantes que apuntan a un móvil directamente relacionado con su actividad política. Según la Fiscalía General de la Nación, el ataque perpetrado el pasado 7 de junio durante un acto público en el barrio Modelia de Bogotá fue ordenado “por el hecho de ser senador y estar desarrollando campaña política como precandidato a la presidencia”.
Esta afirmación fue expuesta por el ente acusador durante la audiencia de imputación de cargos contra Katerine Martínez, alias Gabriela, señalada como coautora del delito de tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas. La Fiscalía recalcó que no existen indicios de amenazas personales, familiares o económicas contra Uribe, lo que refuerza la hipótesis de un ataque con motivaciones políticas.
Las condiciones de riesgo en las que se encontraba
Además de destacar este hecho, el organismo recordó que Uribe Turbay había advertido en múltiples ocasiones a la Unidad Nacional de Protección (UNP) sobre su condición de riesgo. Las alertas, según trascendió, estaban vinculadas a su rol como figura visible de la oposición y a sus constantes cuestionamientos al Gobierno del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, las medidas de seguridad no habrían sido reforzadas oportunamente, dejando en evidencia una grave omisión institucional.
El plan criminal, según reconstruyó la Fiscalía con base en los testimonios y material probatorio recabado, fue ideado por Élder José Arteaga Hernández, alias Costeño, quien se encargó de articular la logística del atentado. Para ello, contó con el apoyo de Martínez, del conductor Carlos Eduardo Mora González y de un menor de edad que finalmente ejecutó el disparo durante el acto público.
De acuerdo con el relato judicial, el menor fue trasladado el 6 de junio hasta las cercanías del parque El Golfito, donde al día siguiente ocurrió el ataque. Ese 7 de junio, Arteaga, Martínez y el menor se desplazaron en un vehículo marca Renault, placas JPF026. Fue dentro de ese automóvil donde se entregó el arma de fuego, una pistola Glock negra, que luego el menor portó hasta el lugar del atentado.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía indican que el menor, al momento del disparo, se encontraba detrás del senador, entre la multitud. El atacante habría recibido la promesa de un pago de 20 millones de pesos por ejecutar el intento de homicidio.
El caso no solo ha generado consternación por su grado de planificación, sino también por los interrogantes que plantea en torno a la seguridad de los líderes políticos en el país. La narrativa judicial pone sobre la mesa las falencias del esquema de protección para figuras de la oposición, en un contexto preelectoral marcado por tensiones políticas y creciente inseguridad.
