Polémica en la JEP por lujoso viaje de los magistrados
Una de las voces más contundentes fue la de la magistrada Claudia López Díaz, quien expresó su inconformidad a través de una carta dirigida a Ramelli.
La polémica en torno a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se desató tras la realización de un encuentro institucional en Palomino, La Guajira, convocado por su presidente, Alejandro Ramelli.
La actividad, desarrollada en un exclusivo hotel frente al mar, reunió a magistrados y altos funcionarios del tribunal con el propósito de debatir sobre justicia restaurativa y estrategias de toma de decisiones. Sin embargo, el contexto y el lugar elegido han generado críticas tanto dentro como fuera de la JEP.
Una de las voces más contundentes fue la de la magistrada Claudia López Díaz, quien expresó su inconformidad a través de una carta dirigida a Ramelli. En ella, cuestionó la pertinencia del evento, señalando que este no responde a las prioridades del tribunal y advirtiendo sobre el posible impacto negativo en el avance de los procesos. “Considero que su desarrollo y orientación pueden, por el contrario, ser contraproducentes en la coyuntura que atravesamos”, afirmó.
Habría sido financiada por la USIP
Las críticas también se han trasladado al plano internacional. Según fuentes en Washington, el encuentro fue financiado por el Instituto de Paz de Estados Unidos (USIP), entidad que recientemente ha sufrido recortes presupuestales bajo la administración de Donald Trump. Además, el Instituto Kroc, que monitorea el cumplimiento del acuerdo de paz en Colombia, fue informado de la controversia.
El gasto asociado al evento también ha generado malestar. El hotel Naio, donde se alojaron los participantes, es conocido por su exclusividad y tarifas que alcanzan hasta un millón de pesos por noche. Testigos señalaron que la llegada de la delegación, compuesta por unas 40 personas y acompañada de escoltas armados, causó sorpresa entre los turistas.
A la fecha, y tras casi ocho años de funcionamiento, la JEP ha avanzado en solo dos de los once macrocasos abiertos —el de secuestros y el de falsos positivos—, sin que aún se hayan dictado condenas contra exintegrantes de las Farc o de la Fuerza Pública. En este contexto, el retiro temporal de magistrados para asistir al evento ha sido visto como una distracción de las tareas judiciales urgentes. Algunos miembros del tribunal incluso decidieron no asistir, señalando que el momento exige priorizar el avance en los procesos sobre cualquier otra actividad.
