Crece la crisis en Nicaragua por desaparición de políticos opositores
Muchos de los presos políticos del gobierno de Daniel Ortega, se encuentran desaparecidos
En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa con una feroz persecución a la oposición política y a quienes critican su gobierno. Según denuncias de organizaciones de derechos humanos, al menos once de los 52 presos políticos que mantiene el régimen están en condiciones de «desaparición forzada». Estas personas llevan más de cien días detenidas sin saber de su paradero, sin acceso a sus abogados o familiares, y sin que se les haya abierto un proceso judicial. Este patrón de desapariciones forzadas ha generado un estado de indefensión y vulnerabilidad total en el país.
Entre los casos denunciados se encuentran los de figuras de la política, el periodismo, la religión y la sociedad civil. A continuación, se detallan algunos de estos casos:
Angélica Patricia Chavarría Altamirano
Chavarría, de 38 años, fue detenida el 19 de mayo de 2024 junto al general en retiro Humberto Ortega, hermano del presidente, después de que este último criticara el autoritarismo del gobierno. Desde entonces, no se sabe nada de ella. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares debido a su situación.
Víctor Boitano Colemar
El coronel en retiro de 63 años fue secuestrado el 23 de abril de 2024 en su vivienda en Managua. Tras su retiro del Ejército en 2007, Boitano había criticado al régimen de Ortega, lo que lo convirtió en un objetivo para las autoridades. A pesar de su estado de salud delicado, incluyendo diabetes e hipertensión, su paradero sigue siendo desconocido desde su detención.
Leo Cárcamo Herrera
El periodista jubilado de Radio Darío fue detenido el 22 de noviembre de 2024. Ya en 2019 había sido víctima de torturas a manos del régimen, y tras su captura en noviembre, se encuentra en condición de desaparición forzada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha exigido su liberación y el esclarecimiento de su paradero.
Lesbia Gutiérrez Poveda y Carmen María Sáenz Martínez
Ambas fueron detenidas el 10 de agosto de 2024 en el marco de la represión a la Iglesia Católica. Gutiérrez, empleada de Cáritas, llevaba más de 20 años de servicio en su comunidad, mientras que Sáenz es una abogada religiosa. Desde su captura, sus familias no han recibido información sobre su paradero.
Brooklyn Rivera Bryan
Exdiputado indígena de 72 años, Rivera fue detenido el 29 de septiembre de 2023 tras su participación en el Foro Permanente de las Naciones Unidas. A pesar de los rumores sobre su muerte, su familia sigue sin saber nada sobre su paradero y clama por su liberación.
Steadman Fagot Müller
Fagot, líder indígena y exasesor presidencial, fue detenido el 14 de septiembre de 2024 tras denunciar la invasión y destrucción de territorios indígenas en la Costa Caribe. La CIDH también ha otorgado medidas cautelares debido al riesgo para su vida e integridad.
Fabio Alberto Cáceres Larios
Cáceres, de 64 años, fue secuestrado el 22 de noviembre de 2024 en su casa en Chinandega. Desde entonces, su paradero sigue siendo incierto, y su familia exige su liberación inmediata.
Julio Antonio Quintana Carvajal
Abogado de 66 años, Quintana fue detenido el 26 de noviembre de 2024. Esta es la segunda vez que sufre una detención por razones políticas, ya que en su juventud fue encarcelado y torturado durante la dictadura somocista.
Eveling Carolina Matus Hernández
Matus, de 35 años, fue secuestrada el 25 de junio de 2024, acusada de “terrorismo” y “traición a la patria” debido a publicaciones en redes sociales y su participación en protestas en 2018. Desde su captura, su familia no sabe nada de su paradero.
Fabiola Tercero Castro
La periodista de 38 años fue detenida el 12 de julio de 2024 después de que la Policía allanara su hogar. Tercero había trabajado en la plataforma 100% Noticias y, al momento de su detención, se dedicaba a promover la lectura a través de una plataforma llamada “El Rincón de Fabi”. Organizaciones de derechos humanos exigen al régimen que aclare su paradero.
En conjunto, estos casos reflejan un patrón de represión sistemática y abuso de poder en Nicaragua. Las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas siguen siendo prácticas comunes en el país, lo que ha generado condenas internacionales y un llamado urgente para que el gobierno de Ortega rinda cuentas por estas violaciones a los derechos humanos.
