Ordenan arresto a funcionaria del gobierno Petro, ¿de quién se trata?
El ente tomó esta decisión luego de que Posso no acatara la orden de retractarse
El Juzgado Tercero Civil de Ibagué, ordenó arresto domiciliario contra la alta consejera para la juventud, Gabriela Posso Restrepo, quien además deberá pagar una multa de cinco salarios mínimos.
El ente tomó esta decisión luego de que Posso no acatara la orden de retractarse por varios trinos en contra de la Universidad del Tolima.
Motivos del arresto
Todo comenzó cuando la funcionaria del Gobierno publicó en su cuenta de Twitter un mensaje que decía «hemos conocido una grave denuncia de persecución y hostigamiento a estudiantes de la Universidad de Tolima por parte de la Secretaría General de la Universidad»
Posso agregó al trino que «denuncian que información de 200 estudiantes y colectivos habrían sido remitidas a fuerzas del Ejército»
Luego de estas afirmaciones, el abogado Andrés Felipe Bedoya quien en ese entonces se desempeñaba en la Secretaría General de la Universidad del Tolima instauró una tutela en contra de la funcionaria y el editor del medio que publicó la denuncia, pues Gabriela no logró entregar pruebas de lo que afirmaba.
El Juzgado tras tener el el caso en sus manos, falló en contra de ella y le ordenó enmendar su error con la Secretaría General de la U. del Tolima.
Pese a eso, la retractación de Posso fue ambigua. Fue por ello que tras conocerse la decisión judicial, la secretaria para la juventud eliminó los trinos en los que hacía las acusaciones y publicó la siguiente afirmación: “Me permito precisar que los trinos realizados sobre la U Tolima iban encaminados a solicitar a las autoridades competentes investigar los hechos denunciados por medios de comunicación. En ningún momento se juzgó a nadie o se insinuó tener pruebas”.
De inmediato, el secretario Felipe Bedoya alegó incumplimiento porque “la rectificación no se hizo en los términos ordenados por el Juzgado Tercero Civil de Ibagué”, como se contempla en los documentos oficiales.
Según Felipe, Posso no admitió que “no contaba con pruebas para haber afirmado que información sensible de estudiantes fue remitida al Ejército” por parte de su Secretaría.
El Juzgado también sancionó a Camilo Andrés Guzman Ramírez, el editor de dos medios locales que publicaron la información aún sin tener material probatorio. Por esta razón, el editor, como la secretaria de juventud deberán pagar los cinco días de arresto domiciliario y una multa que clasifican los 5.800.000 pesos.
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