Minga exige a medios decir la verdad sobre su presencia en diálogos
Insistimos e invitamos a la prensa que se investigue y se publiquen las versiones desde los diferentes actores que involucran las noticias.
El Consejo regional indígena del Cauca, CRIC-Nacional, las 127 autoridades tradicionales y los 10 pueblos indígenas que representa, no participarán de mesas de negociación con el gobierno nacional hasta que no pare la criminalización de la protesta social.
“No se puede hablar de diálogos con el gobierno nacional, mientras el presidente Iván Duque y su cúpula militar continúan ordenando disparar contra los jóvenes que se encuentran en resistencia.
No se puede hablar de diálogos, mientras siguen desapareciendo, torturando y judicializando a quienes se encuentran de manera activa en el paro nacional”, dijo el Consejo.
De acuerdo a esto, el Consejo exige la rectificación a la información dada por el ministro de trabajo Ángel Custodio Cabrera, a los medios RCN radio, Minuto 30 y La FM, el día 15 de mayo del 2021:
“Donde irresponsablemente afirman que desde el domingo 16 de mayo del 2021 indígenas y jóvenes estarán en una mesa de negociación con el gobierno”.
“Rechazamos rotundamente estas declaraciones falsas dadas por el ministro a los medios privados del país que se prestan para difundir y desinformar a nivel nacional e internacional, dado que también teleSURtv.net y notimérica los mencionan como fuente.
Insistimos e invitamos a la prensa que se investigue y se publiquen las versiones desde los diferentes actores que involucran las noticias y no se queden con las declaraciones oficiales que el gobierno emite desde la comodidad de su escritorio, ignorando la cruda realidad que se vive en los territorios”.
Así mismo, informaron que el día 16 de mayo del 2021 delegados del CRIC participaron en la ciudad de Bogotá para adelantar diálogos exploratorios con el comité nacional del paro en el marco de la minga social y comunitaria.
En este, exclusivamente se discutió sobre el planteamiento, que, en conjunto, se la hará al gobierno nacional.
El cual consiste en salvaguardar la vida, los derechos humanos de la población colombiana y exigir las garantías al derecho fundamental a la protesta.
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