Nuevamente se hundió el proyecto que buscaba reducir el salario de congresistas
Los salarios de los congresistas y altos funcionarios del estado colombiano han sido un tema de constante debate y controversia en el país. A pesar de múltiples intentos por reducir estos ingresos, los esfuerzos han sido infructuosos hasta la fecha. El más reciente proyecto de ley que buscaba disminuir los emolumentos de los legisladores y funcionarios de alto rango acaba de ser rechazado en su tercer debate en la Cámara de Representantes. Este revés agrega un capítulo más a la larga historia de propuestas fallidas encaminadas a moderar los cuantiosos sueldos percibidos por quienes ocupan los cargos más elevados del gobierno nacional.
El proyecto de ley en cuestión, presentado en agosto de 2022 por el senador Jonathan «JP» Hernández del Partido Verde, tenía como objetivo principal recortar significativamente los salarios de los congresistas y altos funcionarios estatales a partir del año 2026. La iniciativa buscaba eliminar los gastos de salud, la prima especial de vivienda y transporte, que en conjunto sumaban 14 millones de pesos mensuales. Además, proponía que la remuneración de los legisladores y servidores públicos de alto rango se compusiera únicamente de los gastos de base y de representación, sin que ninguno de ellos pudiera percibir un salario superior al de un miembro del Congreso.
Lamentablemente, el proyecto de ley no logró superar el tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, obteniendo 15 votos a favor y 14 en contra, sin alcanzar la mayoría requerida de 21 votos para su aprobación. Este resultado representa un revés más en la larga lista de intentos fallidos por reducir los elevados salarios de los congresistas y altos funcionarios del Estado colombiano.
Antecedentes de propuestas similares
Entre 2015 y 2021, se han presentado al menos diez proyectos de ley que buscaban disminuir los salarios de los miembros del Congreso, pero todos ellos han sido derrotados. Las medidas propuestas en estas iniciativas incluían la reducción o eliminación de primas especiales, así como el establecimiento de topes máximos a los gastos de representación, como por ejemplo, que no se pagaran cuando los congresistas sesionaran de manera virtual.
Cabe destacar que, en mayo de este año, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, firmó un decreto que autorizó un aumento salarial para los congresistas, elevando sus ingresos mensuales de 43,4 millones a 48,1 millones de pesos. Esta decisión generó críticas en diversos sectores políticos y empresariales, quienes cuestionaron los altos niveles de remuneración de los legisladores.
Según la ponencia presentada en el Congreso, la aprobación de este último proyecto de ley habría representado un ahorro para el Estado de 423 mil millones de pesos anuales. Esta cifra evidencia el impacto económico significativo que tendría la implementación de una medida de esta naturaleza, lo cual podría contribuir a la optimización de los recursos públicos y la reducción del déficit fiscal.
Posiciones encontradas
La propuesta de reducir los salarios de los congresistas y altos funcionarios ha generado posturas encontradas entre diversos actores. Mientras que algunos sectores políticos y empresariales han respaldado firmemente estas iniciativas, argumentando que los altos ingresos de los legisladores son injustificados y representan un gasto excesivo para el erario público, otros han defendido la necesidad de mantener los niveles salariales actuales, alegando que se trata de una retribución justa por el trabajo desempeñado.
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