El 7 de agosto que Colombia nunca olvidó: cuando la posesión presidencial quedó opacada por el terror

Lo que debía ser una jornada de celebración democrática terminó convertido en una de las páginas más dolorosas de la historia reciente del país. El 7 de agosto de 2002, mientras Álvaro Uribe Vélez asumía la Presidencia de la República, el centro de Bogotá fue sacudido por un ataque que dejó víctimas fatales, decenas de heridos y sembró el miedo en una ceremonia que debía simbolizar el inicio de un nuevo gobierno.

Aquel día, miles de personas seguían con expectativa la transmisión del mando presidencial. La capital estaba bajo un estricto esquema de seguridad debido al complejo panorama de orden público que atravesaba Colombia, marcado por la ofensiva de las extintas Farc y la escalada del conflicto armado.

Sin embargo, mientras en el Capitolio Nacional se desarrollaba el acto de posesión, varios cilindros bomba fueron lanzados hacia el centro de la ciudad. Aunque algunos proyectiles no alcanzaron su objetivo, otros impactaron zonas residenciales cercanas a la Casa de Nariño, especialmente el barrio Santa Rosa, donde la tragedia golpeó con mayor fuerza.

Las explosiones dejaron viviendas destruidas, familias atrapadas entre los escombros y escenas de desesperación que rápidamente desplazaron la atención del acto protocolario. El balance oficial confirmó más de una veintena de personas fallecidas y decenas de heridos, la mayoría civiles que no tenían ninguna relación con la ceremonia presidencial.

El papel de los organismos de socorro

Mientras los organismos de socorro intentaban rescatar a los afectados y atender la emergencia, el país observaba cómo el cambio de mando quedaba inevitablemente marcado por la violencia.

Con el paso de los años, las investigaciones atribuyeron el atentado a las Farc, que pretendían atacar el corazón institucional del Estado en el mismo momento en que comenzaba un nuevo gobierno. Aunque el presidente Uribe logró posesionarse y el protocolo no fue suspendido, la imagen que quedó grabada en la memoria colectiva fue la de una ciudad bajo ataque en uno de los días más importantes para la democracia colombiana.

Veinticuatro años después, ese episodio sigue siendo recordado cada vez que Colombia se prepara para una nueva transmisión del poder. No porque exista un riesgo comparable, sino porque demostró que incluso los eventos de mayor simbolismo institucional no estuvieron exentos de la violencia que durante décadas marcó la historia del país.

Hoy, con una nueva posesión presidencial en marcha, las autoridades han desplegado amplios dispositivos de seguridad para garantizar que la jornada transcurra con normalidad. El recuerdo del 7 de agosto de 2002 permanece como un llamado a proteger la democracia y evitar que una ceremonia concebida para unir a los colombianos vuelva a quedar marcada por una tragedia.