Desastres naturales ya desplazan a miles de colombianos: más de 25.000 personas han tenido que abandonar sus hogares en 2026
Entre los departamentos con mayor número de afectados aparecen Córdoba, Nariño, Cauca y Norte de Santander, territorios donde las precipitaciones han ocasionado emergencias recurrentes y han exigido la activación de planes de respuesta por parte de las autoridades locales y nacionales.
El impacto del invierno y de los eventos climáticos extremos está configurando una nueva cara del desplazamiento forzado en Colombia. Ya no son únicamente los enfrentamientos armados los que obligan a las comunidades a dejar atrás sus viviendas; las emergencias derivadas del cambio climático también están empujando a miles de personas a buscar refugio lejos de sus territorios.
De acuerdo con cifras conocidas durante una reunión entre la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, y la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Paula Gaviria, más de 25.000 colombianos se vieron obligados a movilizarse entre enero y mayo de este año debido a inundaciones, crecientes, deslizamientos y otras contingencias asociadas a fenómenos naturales.
La situación ha puesto en evidencia la creciente vulnerabilidad de numerosas poblaciones frente a los efectos del clima. Familias enteras han tenido que salir de sus casas para proteger sus vidas, luego de que las lluvias afectaran sus viviendas, destruyeran cultivos o dejaran incomunicadas a varias comunidades.
Los territorios más afectados
Entre los departamentos con mayor número de afectados aparecen Córdoba, Nariño, Cauca y Norte de Santander, territorios donde las precipitaciones han ocasionado emergencias recurrentes y han exigido la activación de planes de respuesta por parte de las autoridades locales y nacionales.
Córdoba enfrentó uno de los episodios más delicados durante los primeros meses del año. El incremento del nivel del río Sinú y las dificultades relacionadas con la regulación hídrica de la hidroeléctrica Urrá I desencadenaron inundaciones que perjudicaron a decenas de poblaciones, obligando a muchas familias a abandonar temporalmente sus hogares mientras se atendía la emergencia.
Este escenario fue analizado por la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas como una señal de alerta sobre la necesidad de replantear las estrategias de atención a la movilidad humana provocada por factores ambientales, un fenómeno que podría incrementarse con el paso del tiempo.
En ese contexto, ambas entidades destacaron la expedición de la Ley 2577 de 2026, una normativa que marca un precedente al reconocer oficialmente el desplazamiento forzado interno derivado de causas climáticas y ambientales.
La legislación busca que quienes resulten afectados por este tipo de emergencias cuenten con herramientas de protección más claras y con respuestas institucionales acordes con la magnitud del problema, incorporando medidas orientadas tanto a la prevención como a la asistencia y recuperación de las comunidades impactadas.
Para la Defensoría del Pueblo y la relatoría de Naciones Unidas, el desafío ahora consiste en consolidar un modelo integral que permita anticiparse a estos riesgos, fortalecer la capacidad de reacción del Estado y garantizar que las personas desplazadas por desastres naturales reciban una atención adecuada.
