Nuevas excarcelaciones en Venezuela reavivan debate sobre alcance real de la amnistía
Organizaciones civiles advierten que el proceso avanza con demoras y que varios detenidos quedarían por fuera de los beneficios legales.
Un nuevo grupo de presos políticos recuperó la libertad este martes 24 de febrero en Venezuela, en medio de la aplicación de la reciente Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional. Las liberaciones se produjeron desde la penitenciaría El Rodeo I y fueron confirmadas por la ONG Foro Penal.
Entre quienes salieron de prisión se encuentra Luis Viera, quien permaneció detenido durante un año y un mes sin que, según sus allegados, se le demostrara delito alguno. Al abandonar el penal declaró: “Somos totalmente libres, sin ningún tipo de regimiento que nos tengamos que presentar”, y aseguró que su prioridad ahora es informarse sobre la situación actual del país.
También fue excarcelado Javier Rivas, cadete acusado de conspiración. Tras recuperar su libertad afirmó haber sido víctima de tortura y malos tratos durante su reclusión. “Me acusan de cuestiones que no son válidas, pero aquí estoy vivo”, expresó.
La entrada en vigencia de la normativa
De acuerdo con datos suministrados por Foro Penal, desde el pasado 20 de febrero, fecha en que entró en vigencia la normativa, más de medio centenar de presos políticos han sido liberados. No obstante, otras organizaciones sostienen que el proceso no avanza con la rapidez esperada.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha advertido que la ley podría dejar por fuera a cientos de detenidos, en especial a exmilitares procesados por delitos calificados por el Estado como “terrorismo”. Según activistas, muchos casos siguen sin revisión efectiva.
En la misma línea, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que algunos tribunales especializados se habrían negado a recibir solicitudes de sobreseimiento, pese a que la legislación contempla mecanismos para cerrar procesos judiciales cuando aplique la amnistía.
Familiares y defensores de derechos humanos han insistido en que gran parte de los detenidos depende de abogados públicos asignados por el Estado, lo que, a su juicio, ralentiza los trámites y limita la asesoría independiente.
Tras la aprobación de la ley, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo de Justicia y una comisión especial de seguimiento anunciaron reuniones para coordinar mecanismos que permitan agilizar las revisiones de expedientes. Sin embargo, las organizaciones civiles reclaman mayor transparencia y celeridad para garantizar que los beneficios alcancen a todos los casos contemplados en la norma.
