Corte Suprema estudia tutela de condenada por el asesinato del fiscal Marcelo Pecci
El abogado Sergio Clavijo, defensor de Chacón Zúñiga, confirmó la admisión del recurso y explicó que uno de los ejes de la solicitud está relacionado con presuntas irregularidades probatorias.
La Corte Suprema de Justicia abrió un nuevo capítulo judicial en el caso del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Daniel Pecci, ocurrido en mayo de 2022 en Barú, Cartagena. La Sala de Casación Civil admitió una acción de tutela presentada por Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, quien fue sentenciada como responsable del crimen y hoy busca dejar sin efecto la condena que cumple en su contra.
La mujer, cuya pena pasó de 39 años y 10 meses a 35 años de prisión tras una decisión del Tribunal Superior de Cartagena, pretende que se anule el fallo y que el proceso penal sea rehecho. Para ello, dirigió la tutela contra jueces, fiscales, procuradores y demás actores que intervinieron en las distintas etapas del caso, incluyendo a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema.
El abogado Sergio Clavijo, defensor de Chacón Zúñiga, confirmó la admisión del recurso y explicó que uno de los ejes de la solicitud está relacionado con presuntas irregularidades probatorias. “Se cuestionó la falta de descubrimiento de pruebas favorables, de ser cierto vienen investigaciones penales y disciplinarias”, señaló el jurista a través de su cuenta en la red social X.
El trámite en curso
El trámite de la tutela se adelantará en la Sala Civil debido a que el reclamo se dirige contra la Sala Penal. No obstante, el proceso quedará condicionado por la vacancia judicial de fin de año. Según explicó el abogado, las respuestas de las partes solo podrán radicarse a partir del 12 de enero de 2026, ya que durante ese periodo los canales oficiales permanecen cerrados. El fallo, una vez surtidas las etapas procesales, deberá emitirse dentro de los términos legales.
No es la primera vez que la condenada intenta revertir su situación judicial. En junio de 2025, la Sala de Casación Penal rechazó una demanda presentada con el mismo propósito, al considerar que no existían errores en la valoración de su responsabilidad. En esa ocasión, el magistrado Carlos Roberto Solórzano sostuvo que Chacón fue sentenciada por su participación en la coordinación del plan criminal, con control permanente sobre la ejecución del homicidio.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la mujer tuvo un rol activo en la planeación del asesinato del fiscal Pecci, quien se encontraba de vacaciones en Colombia cuando fue atacado. El ente acusador estableció que Chacón asistió a varias reuniones previas al crimen, realizadas en Cartagena y Medellín, en las que se definieron aspectos logísticos y financieros del atentado.
Las investigaciones también indican que facilitó el traslado de otros implicados en una camioneta de su propiedad, entre ellos los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, quienes aceptaron su responsabilidad y fueron condenados. Inicialmente, un juzgado de Cartagena la halló culpable de homicidio agravado y otros delitos relacionados con armas de fuego, aunque posteriormente fue absuelta de estos últimos cargos, lo que derivó en la reducción de la pena.
Ahora, con la tutela admitida, la Corte Suprema deberá analizar si existió una vulneración de derechos fundamentales durante el proceso penal, una decisión que podría tener repercusiones en uno de los casos judiciales más relevantes de los últimos años en Colombia.
