Fiscalía señala a exministros por presunto liderazgo en red de corrupción de la UNGRD
Durante la audiencia de imputación, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, presentó un relato que, según el ente acusador, da cuenta del papel central que habrían desempeñado los exfuncionarios en las maniobras ilícitas.
La Fiscalía General de la Nación expuso nuevos detalles de la investigación por el escándalo en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y apuntó directamente a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco como presuntos jefes de la estructura criminal que habría operado dentro de la entidad.
Durante la audiencia de imputación, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, presentó un relato que, según el ente acusador, da cuenta del papel central que habrían desempeñado los exfuncionarios en las maniobras ilícitas. “La organización delincuencial de la cual ustedes, Luis Fernando Velasco Chávez y Ricardo Bonilla González, hacen parte, se estructuró con una división de trabajo preacordada, en razón de la cual sus integrantes desarrollaron un rol delictivo específico e indispensable, sin cuya concurrencia no se hubiese alcanzado la finalidad propuesta”, afirmó.
Con conocimiento de las irregularidades
La Fiscalía sostiene que ambos exministros no solo tenían conocimiento de las actuaciones irregulares, sino que también impulsaron la operación. De acuerdo con Patiño, “ustedes, Luis Fernando Velasco Chávez y Bonilla González, lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal. Impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva, dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando las gestiones ilícitas de los trámites necesarios al interior del INVIAS y de la UNGRD”.
El ente investigador aseguró que el propósito de la red era influir en decisiones legislativas mediante la entrega de contratos financiados con recursos públicos. La fiscal señaló que se “plantearon las líneas base del modus operandi que grosso modo consistieron en comprar congresistas a través de la entrega de contratos cuyos recursos provenían del erario a cambio del apoyo de los parlamentarios a los proyectos del gobierno nacional que cursaban en el Congreso de la República”.
Las afirmaciones se suman al conjunto de pruebas que la Fiscalía dice haber recopilado dentro de una macroinvestigación que busca esclarecer cómo operó este esquema y quiénes se habrían beneficiado política y económicamente. Ahora el proceso seguirá su curso en la Corte Suprema, mientras las defensas de los exministros preparan su estrategia jurídica ante los cargos formulados.
