Cambios en la venta de SIM Card podrían transformar el control contra la extorsión en Colombia
Con la llamada “Ley SIM Card”, los operadores tendrían la obligación de verificar la identidad del comprador mediante documento oficial o métodos biométricos antes de activar cualquier servicio móvil, ya sea en tiendas físicas o a través de plataformas en línea.
En medio del crecimiento de las denuncias por extorsión en el país, avanza en el Congreso una propuesta que busca replantear la manera en que se entregan y activan las líneas móviles. La iniciativa apunta a que cada número telefónico quede ligado a un usuario plenamente identificado, eliminando la posibilidad de adquirir tarjetas SIM sin registro previo.
La medida parte de un diagnóstico compartido por organismos de seguridad: las líneas prepago se han convertido en una herramienta clave para criminales que operan, incluso, desde las cárceles. Su facilidad de compra y descarte impide rastrear a quienes realizan llamadas intimidatorias o engañosas.
La «Ley SIM Card»
Con la llamada “Ley SIM Card”, los operadores tendrían la obligación de verificar la identidad del comprador mediante documento oficial o métodos biométricos antes de activar cualquier servicio móvil, ya sea en tiendas físicas o a través de plataformas en línea. La exigencia aplicaría también para nuevas tecnologías que reemplacen a las SIM tradicionales.
Para las compañías del sector, la aprobación del proyecto significaría rediseñar procesos de registro y autenticación, implementar herramientas más robustas de validación y asumir controles que garanticen la trazabilidad de cada línea.
Aunque solo en 2023 la Fiscalía recibió más de 35.000 denuncias por extorsión, expertos señalan que el número real sería mucho mayor debido al miedo de las víctimas y a las dificultades para identificar a los responsables. La expectativa es que un sistema de identificación más estricto reduzca el anonimato que hoy aprovechan las estructuras criminales y contribuya a frenar el crecimiento de este delito.
