Uribe pide que su proceso no prescriba y solicita fallo de fondo ante el Tribunal de Bogotá
Su defensa aseguró que el expresidente no pretende, bajo ningún concepto, evadir su responsabilidad
El expresidente Álvaro Uribe Vélez formalizó una solicitud ante el Tribunal Superior de Bogotá para que el proceso penal en su contra no se archive por vencimiento de términos. En una carta dirigida a los magistrados encargados de revisar su condena en segunda instancia, Uribe manifestó expresamente que renuncia al beneficio de la prescripción y pidió una decisión definitiva sobre su caso.
El documento, radicado recientemente, cobra especial relevancia porque la Sala Penal del Tribunal tiene hasta el 16 de octubre para pronunciarse sobre la apelación al fallo que, en primera instancia, lo sentenció a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. La condena también incluye una inhabilidad de 100 meses para ocupar cargos públicos y una multa económica equivalente a 2.420 salarios mínimos.
«Ni he buscado ni quiero beneficiarme de la prescripción», se lee en la misiva en la que el exmandatario insiste en que lo justo es que el proceso tenga una resolución de fondo. Agrega que el cierre del caso por vencimiento de términos privaría al tribunal de “las condiciones materiales mínimas” para emitir un fallo con base en la prueba debatida en juicio.
La primera condena
La primera condena fue emitida el pasado 1 de agosto por la jueza Sandra Liliana Heredia, quien concluyó que Uribe no fue víctima de un montaje judicial, sino el autor intelectual de un entramado diseñado para manipular testigos a su favor y afectar la imagen del senador Iván Cepeda, acreditado como víctima en el proceso.
La defensa del expresidente, al igual que el delegado de la Procuraduría, apelaron el fallo argumentando que hubo falencias en la conducción del juicio y falta de garantías para el acusado. En etapas anteriores del proceso, el mismo Tribunal ya había intervenido, entre otras cosas, para revocar mediante tutela la medida de aseguramiento domiciliaria que mantuvo privado de la libertad al exmandatario durante 19 días.
La revisión del fallo está en manos de tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior: Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y Leonor Pinto. Los tres conocen el caso desde sus etapas iniciales y han participado en decisiones clave como recusaciones y tutelas.
Mientras el proceso sigue su curso, Uribe mantiene plena libertad, situación que ha aprovechado para retomar su actividad política. Actualmente respalda activamente a los precandidatos presidenciales del Centro Democrático, su partido.
El senador Iván Cepeda, directamente afectado por los hechos investigados, calificó la jugada jurídica del expresidente como una estrategia calculada: “Ni más faltaba que Álvaro Uribe no hubiera hecho una operación de sumas y restas”.
El Tribunal deberá decidir si acoge la petición del exmandatario de mantener vivo el proceso hasta emitir un fallo definitivo, lo que evitaría que el caso prescriba sin una sentencia de fondo.
