Petro propone entregar Hacienda Nápoles a campesinos y reaviva debate legal por uso del predio
Petro afirmó que la propiedad de 1.600 hectáreas no puede seguir siendo un “negocio particular” y pidió al director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, estudiar mecanismos legales para revocar la actual destinación del predio.
Durante una visita a Barrancabermeja el pasado 23 de mayo, el presidente Gustavo Petro anunció su intención de entregar la Hacienda Nápoles a campesinos de la región. En su intervención, el mandatario cuestionó el uso actual del predio y aseguró que el terreno “debe ser devuelto al pueblo”, calificándolo como un símbolo de la violencia del narcotráfico. Petro afirmó que la propiedad de 1.600 hectáreas no puede seguir siendo un “negocio particular” y pidió al director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, estudiar mecanismos legales para revocar la actual destinación del predio.
Las declaraciones del presidente generaron reacciones inmediatas, entre ellas la del exdirector de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Andrés Ávila, quien, en diálogo con Blomberg, aclaró que la Hacienda Nápoles no es de propiedad privada. Según explicó, el inmueble pertenece al municipio de Puerto Triunfo, al que fue entregado por la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes en dos fases: primero el 50%, con el objetivo de desarrollar proyectos turísticos y sociales, y luego el porcentaje restante, formalizado en 2022 por la SAE con respaldo de la Agencia Nacional de Tierras.
Para el uso de actividades agropecuarias
Ávila sostuvo que el uso actual del predio está enfocado en el turismo y no en actividades agropecuarias, por lo que no cumple con las condiciones para ser incorporado al Fondo de Tierras previsto en la Reforma Agraria Integral. Señaló además que el 40% del terreno se encuentra en una zona rural restringida para la producción agrícola y otro 20% está clasificado como área de protección ambiental.
Cuestionó también las afirmaciones de Petro sobre la supuesta existencia de un negocio privado en el lugar, asegurando que allí opera una concesión pública que tiene vigencia por 20 años más. Desde su perspectiva, la propuesta del mandatario es jurídicamente inviable y genera expectativas irreales en la población campesina. “Puede sonar bonito y justo, es absolutamente inviable”, dijo Ávila, quien además advirtió sobre las posibles consecuencias legales si se intenta revocar la concesión actual. “Una acción de estas lo que va a implicar es que inmediatamente se generen unas demandas importantes en contra del Estado”, añadió.
El debate sobre el futuro de la Hacienda Nápoles revive una vieja discusión sobre el uso de los bienes incautados al narcotráfico y pone sobre la mesa las tensiones entre los discursos de justicia social y las restricciones legales que rigen este tipo de propiedades.
