Zona de ubicación temporal en Tibú acogerá al frente 33 de las disidencias
Pese a esta disposición, la resolución aclara que en la zona seguirá vigente el Estado Social de Derecho, y que las autoridades civiles continuarán ejerciendo sus funciones sin restricciones.
Una resolución firmada por el presidente Gustavo Petro autorizó la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Tibú, Norte de Santander, que funcionará por un periodo de siete meses para acoger al frente 33 de las disidencias de las Farc, también conocido como Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte.
Como parte de las condiciones definidas en el documento, el Gobierno nacional dispuso la suspensión de todas las órdenes de captura que recaigan sobre los integrantes de ese grupo armado, incluidas aquellas que tienen fines de extradición. Esta medida también se aplicará durante el desplazamiento de los miembros hacia la zona acordada, siempre que los nombres estén incluidos en una lista previamente entregada por sus representantes y avalada por la Oficina del Comisionado de Paz.
Pese a esta disposición, la resolución aclara que en la zona seguirá vigente el Estado Social de Derecho, y que las autoridades civiles continuarán ejerciendo sus funciones sin restricciones.
Los compromisos del grupo armado
El documento también contempla una serie de compromisos por parte del grupo armado, como establecer un acuerdo para definir la entrega del material bélico, implementar un plan de protección para menores de edad con el fin de evitar su vinculación o permanencia en actividades armadas, y garantizar su restitución de derechos.
Además, la resolución plantea medidas de seguridad jurídica para los miembros del frente 33 durante su tránsito hacia la vida civil, y propone acciones encaminadas a sustituir economías ilegales por proyectos productivos, fortalecer la soberanía territorial y avanzar en la reparación a las víctimas. Entre los compromisos se incluye también el apoyo en la búsqueda de personas desaparecidas.
La Resolución 161, que formaliza estas decisiones, ha generado debate por los beneficios temporales otorgados a una estructura señalada de múltiples violaciones a los derechos humanos, en el marco de la apuesta del Ejecutivo por una “paz total” con distintos actores armados.
