Hallan irregularidades en Prosperidad Social: personas fallecidas recibieron subsidios

Tras una Auditoría Financiera al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la Contraloría General encontró una gestión ineficaz de los recursos, que estaban destinados a satisfacer las necesidades de la población más vulnerable del país.

“En esta auditoría se evaluaron los estados financieros de Prosperidad Social al 31 de diciembre de 2023 y se establecieron 21 hallazgos administrativos de los cuales 17 tienen presunta incidencia disciplinaria y 10 con incidencia fiscal por $108.869.283.650. Adicionalmente, se solicitaron 2 aperturas de Indagación Preliminar por $46.717.108.000”, se lee en el documento.

Uno de los hallazgos más preocupantes de la auditoría es que se han identificado fallas en los pagos de subsidios a beneficiarios fallecidos. Además, la Contraloría encontró que se han adjudicado subsidios a beneficiarios que no cumplían con las exigencias legales para recibir estos apoyos.

“También se evidencian debilidades en el proceso de verificación de criterios de pertenencia y permanencia de las personas cobijadas por los diferentes programas auditados, permitiendo que beneficiarios que no cumplen con las condiciones establecidas en la norma, estén siendo favorecidos y cobren los incentivos sin tener derecho a ello”, agregan.

Esto incluye, por ejemplo, la entrega de incentivos a participantes del programa “Jóvenes en Acción” que habían declarado renta en los años 2021 y 2022, lo cual los descalificaba para recibir estos beneficios.

Otro hallazgo relevante es que cerca de $108.000 millones habrían sido entregados en subsidios a ciudadanos que no se encontraban en situación de pobreza extrema.