La disminución en la oferta interna de gas natural en Colombia ha llevado a las autoridades del sector a plantear alternativas urgentes para garantizar el abastecimiento nacional. Durante su reciente intervención sobre el panorama energético, la titular del Ministerio de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, expuso los lineamientos del gobierno de Abelardo de la Espriella para mitigar el déficit actual mediante la importación de este combustible y el estímulo a la exploración en el territorio nacional.
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Uno de los ejes centrales de la estrategia de abastecimiento a corto y mediano plazo consiste en retomar el intercambio energético con el país vecino. De acuerdo con las declaraciones recogidas originalmente por Valora Analitik, la estatal petrolera Ecopetrol evalúa diversas alternativas que incluyen proyectos de regasificación e importación tanto en la costa del Pacífico como en el Caribe colombiano.
Junto a estas infraestructuras portuarias, el plan contempla la reactivación del gasoducto binacional Antonio Ricaurte, una tubería que conecta los campos de producción venezolanos con el departamento de La Guajira. Según explicó la ministra Arboleda, la adecuación técnica de esta red permitiría incorporar, durante su primera etapa operativa, un volumen aproximado de 50 millones de pies cúbicos diarios (Mpcd) al sistema nacional de transporte.
Esta cifra representa cerca del 5 % de la demanda total registrada en Colombia durante el año 2025. Aunque no soluciona de manera definitiva el faltante proyectado por los operadores del mercado, constituye un respaldo relevante para atender el consumo residencial, industrial y de generación térmica mientras maduran otros proyectos de infraestructura energética.
Incentivos para la exploración y el nuevo régimen de estabilidad
Más allá de las compras en el exterior, la administración actual busca revertir la caída de las reservas probadas mediante el fortalecimiento de la actividad exploratoria interna. Para lograrlo, la cartera de Minas y Energía ha definido seis frentes de trabajo orientados a mejorar la competitividad del sector de hidrocarburos en el país, en coordinación con entidades técnicas como la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Entre las medidas anunciadas destacan dos instrumentos principales para atraer capital privado y asegurar la continuidad de los proyectos extractivos:
- Incentivos tributarios: ajustes en las cargas fiscales aplicables a las compañías que destinen recursos a la búsqueda y extracción de crudo y gas natural en las diferentes cuencas sedimentarias del país.
- Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE): un marco normativo diseñado para ofrecer seguridad jurídica y condiciones claras a los inversionistas de largo plazo en el sector minero-energético.
El modelo argentino como referencia internacional
Al detallar el alcance del RUGE, la jefa de la cartera energética señaló que esta figura normativa se estructuró tras analizar diversas experiencias internacionales, tomando como referencia principal los mecanismos de incentivo aplicados recientemente en Argentina para el desarrollo de sus recursos no convencionales.
Según precisó la funcionaria, el diseño de esta herramienta jurídica también incorporó las conclusiones de un estudio global sobre los obstáculos regulatorios y financieros que suelen enfrentar los grandes proyectos de hidrocarburos. Con estas lecciones aprendidas, el ejecutivo espera ofrecer un esquema normativo actualizado que brinde certidumbre a las empresas operadoras y permita recuperar progresivamente la autosuficiencia energética de Colombia.
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