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Conversaciones atribuidas al expresidente y a la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, revelarían diferencias sobre la facultad de intervenir en nombramientos de entidades públicas. Los mensajes se suman al material que estaría siendo examinado por las autoridades en medio de las denuncias sobre una supuesta utilización de contratos estatales para favorecer encuentros sexuales.
El manejo de la contratación pública y las decisiones sobre personal en entidades del Estado se encuentran entre los aspectos que podrían resultar determinantes en las investigaciones por el escándalo de los llamados ‘sexocontratos’, que involucra al expresidente Gustavo Petro y a antiguas funcionarias de su administración.
En medio de este proceso se conoció una conversación que habría sostenido Petro con Angie Rodríguez, entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Los mensajes, publicados por Red+ Noticias, corresponderían al 12 de enero de 2026 y permitirían conocer un desacuerdo sobre el alcance de las facultades presidenciales en materia de nombramientos.
Durante el intercambio, Rodríguez presuntamente le explicó al mandatario que las entidades públicas conservaban autonomía para designar personal en cargos que no pertenecieran al primer nivel directivo. También le recordó su condición de máxima autoridad sobre la nómina de la Rama Ejecutiva del orden nacional.
La exfuncionaria habría escrito: “De aquí sale, entre otros, la autonomía de las entidades en los cargos que no son de primer nivel. Aclarando que tú siempre serás el jefe máximo de nómina de la rama ejecutiva de nivel nacional”.
La respuesta atribuida a Petro estuvo relacionada con la posibilidad de que determinadas decisiones administrativas fueran consultadas previamente con él. “Pues soy el máximo de nómina de la rama ejecutiva, ¿eso no amerita que se me consultase por la secretaria general de presidencia?”, habría preguntado.
En el mismo diálogo apareció una referencia a Laura Sarabia y Armando Benedetti. El entonces presidente habría preguntado: “¿Otra vez el problema Benedetti/Laura?”, mientras que Rodríguez respondió: “??? No entiendo”, de acuerdo con la conversación divulgada.
Una denuncia que involucra a decenas de mujeres
El origen de la controversia se remonta a las denuncias presentadas por Carlos Ríos, actual director del Dapre, quien ante el Senado habría señalado la existencia de un presunto esquema de instrumentalización de 48 mujeres mediante contrataciones en la Casa de Nariño durante el gobierno de Petro.
El caso también tomó fuerza después de que Deicy Jiménez, una mujer que trabajó como contratista estatal, relatara en una entrevista con Semana que habría conocido al exmandatario en 2018 mediante una página de entretenimiento para adultos y que habría mantenido encuentros íntimos con él durante cinco años.
La información contractual consultada en el Secop II daría cuenta de aproximadamente diez contratos suscritos por Jiménez entre 2021 y 2026. Estos acuerdos, que superarían los 126 millones de pesos, habrían involucrado al Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.
La denunciante sostiene que esos recursos estarían relacionados con sus encuentros con Petro y asegura que otras mujeres habrían participado en una dinámica similar. Sin embargo, estas afirmaciones todavía deben ser contrastadas por los organismos investigadores.
El expresidente ha negado que utilizara su posición política o recursos del Estado para obtener beneficios sexuales. También ha reconocido que conoció a Jiménez antes de asumir la Presidencia y que intervino para ayudarla a encontrar una oportunidad laboral, pero ha rechazado las acusaciones y las ha relacionado con una supuesta persecución política.
El caso avanza en diferentes instancias
La dimensión de las denuncias ha llevado a que distintas autoridades examinen posibles irregularidades desde sus respectivas competencias. La Fiscalía General de la Nación tendría en curso actuaciones por eventuales conductas como abuso de la función pública, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.
Dentro de las diligencias, Jiménez habría entregado su teléfono celular para la extracción y revisión forense de conversaciones, fotografías y videos, después de rendir un interrogatorio que se extendió por más de 15 horas. También se habría recibido nuevo material probatorio entregado por el director del Dapre.
La revisión de estos elementos podría dar lugar a nuevas declaraciones de antiguas integrantes del Gobierno, entre ellas Laura Sarabia y Angie Rodríguez, cuyos nombres aparecen en el material conocido hasta ahora.
A la investigación se suma la actuación preliminar de la Corte Suprema de Justicia por posibles irregularidades contractuales durante el periodo en que Petro ejerció como senador, entre 2021 y 2022. En este frente también se mencionarían actuaciones relacionadas con la congresista María José Pizarro.
La Procuraduría, por su parte, habría abierto una investigación disciplinaria para establecer si funcionarios encargados de tramitar y supervisar contratos estatales pudieron incurrir en faltas al aprobar documentos o certificar actividades presuntamente irregulares.
Mientras avanzan las actuaciones, las conversaciones, testimonios y documentos conocidos deberán ser sometidos a verificación. Hasta que existan decisiones judiciales o disciplinarias de fondo, las presuntas conductas denunciadas no constituyen responsabilidades demostradas para las personas mencionadas.
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