La gestión administrativa en algunas entidades creadas durante la administración del presidente Gustavo Petro enfrenta un nuevo escrutinio público. Recientes revelaciones documentales han puesto el foco sobre el Ministerio de la Igualdad y Equidad, específicamente en lo relacionado con las decisiones operativas de su brazo financiero, conocido como FonIgualdad, y la intervención de funcionarias cuya acreditación y vinculación exacta han despertado dudas en sectores de opinión y control.
Ver el índiceOcultar el índice
El alcance de las decisiones en el consejo directivo de FonIgualdad
De acuerdo con la información revelada inicialmente por la revista Semana y replicada por medios nacionales como el portal informativo Pulzo, el centro de la controversia radica en un acta oficial fechada el 13 de junio de 2025. Dicho documento recoge los pormenores de una sesión del consejo directivo de FonIgualdad, instancia clave para la asignación y vigilancia de recursos destinados a programas sociales en el país.
En el registro de la sesión figura la participación activa de Juliana Guerrero. Pese a que en el ámbito público ya se habían planteado cuestionamientos previos sobre la validación de sus títulos académicos, los documentos muestran que ejercía un rol con capacidad de incidencia dentro del órgano directivo. Durante el desarrollo de la reunión, Guerrero tomó la vocería para requerir informes detallados sobre dos aspectos medulares de la entidad:
- El nivel de cumplimiento efectivo de las directrices emanadas desde el despacho presidencial.
- El estado de avance en la ejecución presupuestal del fondo, un tema sensible dado el escrutinio nacional sobre el ritmo de gasto en las carteras creadas durante el actual mandato.
Además de solicitar rendición de cuentas sobre la gestión financiera y operativa, el acta detalla que Guerrero propuso alteraciones en los procedimientos internos de toma de decisiones. Concretamente, planteó modificar el mecanismo habitual de votación del consejo directivo para permitir que los sufragios permanecieran abiertos durante un lapso de 48 horas a través de correo electrónico, una medida que altera la dinámica presencial o sincrónica habitual en este tipo de cuerpos colegiados.
Inconsistencias en la denominación de cargos y vínculos familiares
Más allá de las solicitudes presupuestales y metodológicas, el aspecto que ha generado mayor debate jurídico y administrativo es la falta de uniformidad en la identificación del cargo con el que Juliana Guerrero actuó en dicha sesión. Según se desprende de la revisión documental, al inicio del acta su nombre aparece registrado bajo la figura de jefe de gabinete presidencial adscrita al despacho del titular del Ministerio del Interior de Colombia, cartera asociada en el reporte a la gestión de Armando Benedetti.
Sin embargo, al momento de suscribir formalmente el documento, la misma funcionaria se identificó con una denominación distinta: asesora de la jefatura de la Presidencia de la República. Esta dualidad en los registros oficiales plantea interrogantes administrativos sobre la línea de mando real, el acto administrativo de su nombramiento y la competencia legal exacta bajo la cual intervenía en la junta directiva de un fondo adscrito a otra cartera ministerial.
La presencia de otros familiares en la misma sesión
El análisis del acta del 13 de junio de 2025 también dejó en evidencia la coincidencia de vínculos consanguíneos dentro de la misma estructura operativa. En el listado de participantes de aquella jornada del consejo directivo aparece registrada Verónica Guerrero, hermana de Juliana Guerrero, quien asistió en calidad de asesora directa de FonIgualdad.
La confluencia de ambas hermanas en una instancia decisoria para el manejo de recursos públicos, sumada a la ambigüedad en los cargos declarados en los documentos oficiales, reabre el debate en Colombia sobre los filtros de contratación estatal, el cumplimiento de los manuales de funciones en el alto gobierno y la necesidad de clarificar las competencias de los asesores presidenciales frente a la autonomía de los ministerios. Corresponderá a las instancias de control administrativo determinar si existieron irregularidades formales en la suscripción de dichas actas o si se trató de imprecisiones de transcripción en la secretaría técnica del fondo.
Todavia no hay comentarios publicados. Se el primero en opinar.